- El Consejo de la Juventud de España reúne en un documento las principales medidas que reclama la juventud en nueve ámbitos, desde vivienda y empleo hasta salud mental, educación e igualdad.
- La entidad recoge las demandas del tejido asociativo juvenil y plantea la necesidad de que las políticas públicas respondan a las necesidades de las personas jóvenes y garantices su participación en las decisiones que les afectan.
- Defienden que garantizar unas condiciones de vida dignas y abrir vías reales de participación son dos partes inseparables de una democracia que cuente con las personas jóvenes.
Madrid, 5 de noviembre de 2026 – ¿Qué le pide la juventud a los partidos políticos? El Consejo de la Juventud de España (CJE) presenta hoy «Condiciones para vivir en condiciones: Prioridades para mejorar la vida de las personas jóvenes en España», un documento que recoge las principales medidas para dar respuesta a los problemas y necesidades de las personas jóvenes. La propuesta aborda nueve ámbitos clave para su presente y su futuro: vivienda, empleo, democracia y participación, territorio y clima, salud mental, tecnología y entornos digitales, educación, feminismos e igualdad de género, e igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación. El CJE pone estas propuestas a disposición de las instituciones y administraciones públicas, con el objetivo de contribuir al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades de la juventud y se traduzcan en avances concretos.
La imposibilidad de emanciparse como un problema democrático
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que la juventud pueda desarrollar un proyecto de vida propio. Según el Observatorio de Emancipación del CJE de 2025, una persona joven tendría que destinar el 98,7 % de su salario al alquiler de una vivienda en solitario. Ese mismo año, solo el 14,5 % de las personas jóvenes residentes en España estaba emancipado residencialmente. Esta situación limita la autonomía económica, aumenta la incertidumbre y condiciona las oportunidades de estudiar, trabajar o participar en la vida colectiva, influyendo a su vez en la manera en que las personas jóvenes valoran el funcionamiento de la democracia.
Ante esta situación, el CJE propone ampliar el parque público de vivienda social y asequible hasta alcanzar la media europea, reservar el 40 % de la vivienda pública para jóvenes y mantener de forma indefinida la protección de las viviendas protegidas.
En materia de alquiler, el documento reclama regular los precios en las zonas de mercado tensionado para que el coste de la vivienda no supere el 30 % de los ingresos de las personas jóvenes, con independencia de que la propiedad corresponda a una persona física o jurídica. Asimismo, propone adaptar la Ley de Arrendamientos Urbanos al alquiler por habitaciones y pisos compartidos, evitar que los honorarios de las inmobiliarias recaigan sobre las personas inquilinas y mejorar las condiciones de acceso a residencias universitarias y colegios mayores.
El CJE también reclama más transparencia y evaluación de las políticas de vivienda, mediante el refuerzo del Observatorio Estatal de Vivienda y Suelo, así como la participación efectiva de la sociedad civil y los consejos de juventud en los espacios de decisión sobre políticas de vivienda.
Empleo digno y protección social para que el futuro no dependa del origen
Tener empleo ya no garantiza por sí solo la autonomía y, aunque la contratación indefinida ha ganado peso, persisten la inestabilidad, los bajos salarios y las dificultades para construir una trayectoria profesional sostenible. El documento recoge que dos de cada tres jóvenes comienzan su trayectoria laboral en empleos precarios, una experiencia que puede prolongarse durante años y condicionar sus oportunidades futuras.
Para responder a esta situación, el CJE propone reducir la jornada laboral semanal a 32 horas, aumentar el salario mínimo interprofesional y establecer una cuota cero permanente para las personas jóvenes autónomas.
El documento presta especial atención a las prácticas formativas, pidiendo la aprobación el Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral, la compensación de las prácticas curriculares y la eliminación de las prácticas extracurriculares. Asimismo, el Consejo propone reforzar la Garantía Juvenil, dotarla de presupuesto suficiente y contar con las organizaciones juveniles en su implementación y seguimiento.
La protección social debe completar estas medidas. Por ello, el CJE plantea facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital desde los 18 años para quienes cumplan los requisitos y revisar las barreras que dificultan su solicitud. También defiende la sostenibilidad y financiación del sistema público de pensiones y su revalorización, desde un enfoque de solidaridad intergeneracional.
Escuchar a la juventud para fortalecer la democracia
Las dificultades para emanciparse, la falta de perspectivas de futuro y la sensación de que las instituciones no responden a los problemas cotidianos condicionan la relación de la juventud con la política. El informe del CJE Entre el cuestionamiento y el cambio: Discursos de la juventud sobre la democracia en España refleja cómo las personas jóvenes siguen valorando el sistema democrático y el voto, pero perciben que sus preocupaciones no siempre se traducen en respuestas políticas y reclaman más oportunidades para influir en las decisiones. De hecho, el 93 % de las personas de entre 18 y 24 años considera necesarias nuevas formas de participación política.
Ante este escenario, el CJE defiende que no basta con pedir a la juventud que se implique y que las instituciones deben demostrar que participar sirve para algo. Para avanzar en esa dirección, el Consejo propone reconocer el derecho al voto desde los 16 años en todas las elecciones y en las iniciativas legislativas populares, incorporar una evaluación del impacto juvenil, el Youth Test, en las políticas públicas y modernizar los mecanismos de participación.
También reclama fortalecer el asociacionismo juvenil, garantizar su financiación y reconocimiento institucional, desarrollar una estrategia estatal de educación no formal y trabajo juvenil, y crear espacios públicos y canales estables para que las personas jóvenes participen en el diseño y la evaluación de las políticas que les afectan. El CJE reivindica, además, un marco normativo y presupuestario estable que garantice su capacidad de representación e interlocución.
Igualdad de oportunidades, bienestar y futuro sostenible
El origen socioeconómico sigue condicionando las oportunidades educativas y el bienestar juvenil. Según el informe Equilibristas 2.0 del CJE, el 28,1 % de las personas jóvenes en situación económica difícil experimenta problemas de salud mental con mucha frecuencia, frente al 11,5 % de quienes disfrutan de una situación económica cómoda. Para responder a estas desigualdades, el Consejo reclama una educación pública, gratuita y universal, medidas contra el abandono escolar y el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante la educación no formal y el voluntariado. También propone reforzar la atención psicológica infantojuvenil, reducir las listas de espera y mejorar la orientación en los centros educativos, abordando la salud mental desde sus determinantes sociales, como la precariedad, la vivienda y la discriminación.
El CJE defiende, asimismo, reforzar la educación en igualdad y afectivo-sexual y combatir todas las formas de violencia y discriminación. Para ello, plantea mejorar la formación de profesionales, fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento y garantizar que las personas jóvenes con discapacidad, LGTBI+ y racializadas puedan ejercer sus derechos y participar en igualdad de condiciones.
Estas garantías deben extenderse también al entorno digital, donde el Consejo reclama mayor responsabilidad de las plataformas frente al odio, la desinformación, el acoso y la violencia digital, así como medidas para combatir la brecha de acceso y competencias. Por último, defiende una transición ecológica justa que genere oportunidades para la juventud, con transporte público asequible, formación y empleo verde, protección frente a fenómenos meteorológicos extremos y mejores condiciones para construir un proyecto de vida en el medio rural.
La presidenta del CJE, Sara Villodre, señala la necesidad de que la juventud pueda acceder a una vivienda, tener un empleo digno y construir un proyecto de vida independiente, así como avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades y una participación democrática efectiva. En este sentido, destaca que «es fundamental que las personas jóvenes tengamos voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas y que nuestras demandas se traduzcan en políticas públicas y medidas concretas». Con Condiciones para vivir en condiciones, el Consejo busca trasladar a las instituciones propuestas concretas para que las necesidades de la juventud se conviertan en prioridades políticas.
Para más información: Macarena Ramos Ruiz | Técnico de Comunicación | mramos@cje.org