Notas de prensa

El CJE cree que la LOMCE generará desigualdad y nos aleja de los sistemas educativos europeos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE
El Consejo de la Juventud de España (CJE) lamenta que la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, se haya llevado a cabo sin consenso ni acuerdo social o político, y manifiesta su preocupación por el hecho de que esta reforma -que no nace fruto del Pacto Político y Social por la Educación y ha provocado intensas movilizaciones entre la comunidad educativa- pueda generar desigualdad.
La eliminación del poder de los Consejos Escolares y la cesión de autonomía al director del centro sin una mínima de rendición de cuentas es el punto de la LOMCE más criticado por el Consejo de la Juventud de España porque sacrifica la educación democrática. “Rompe con una de las pocas bondades que tenía el sistema educativo español, donde toda la comunidad se implicaba por construir un proyecto educativo compartido y se involucraba en su gestión”, declara Raúl Almarcha, responsable de Educación Integral del CJE.
 
La LOMCE instaurará un sistema de itinerarios educativos de selección temprana que no aconsejan los organismos internacionales, como la OCDE, que recomienda la creación de una educación comprensiva que genere una mayor igualdad de oportunidades para el alumnado, opción que comparte el Consejo de la Juventud de España. Además, países como Francia que tenía un modelo de itinerarios similar al de la LOMCE, se están replanteando abandonarlos por su falta de eficacia y sustituirlos por modelos como el finlandés, que contempla un único itinerario durante la etapa de educación secundaria. En este sentido, Raúl Almarcha explica que los itinerarios de la LOMCE, “aunque son flexibles en su definición, no podrán serlo en la práctica puesto que al final de la ESO se tienen que pasar pruebas diferenciadas que no dan acceso a los mismos estudios y,  por tanto, no hay lugar para el arrepentimiento ni las oportunidades de aprendizaje”.
 
Por otro lado, la LOMCE genera una nueva vía educativa con la Formación Profesional Básica que, a juicio del CJE, “rompe con el compromiso legal y social de facilitar unas competencias educativas básicas hasta los 16 años y será una puerta trasera para el alumnado con problemas”, señala su responsable de Educación Integral. EL CJE advierte que la FP, tal y como está recogida en la LOMCE, no conducirá a ninguna titulación académica reconocida y sólo ofrecerá la posibilidad de continuar estudios en FP de Grado Medio. Por todo ello, el Consejo de la Juventud de España señala que esta opción puede suponer una alternativa fácil para aparcar al alumnado con problemas porque,  en un contexto de recortes, con un profesorado saturado y sin recursos, tenderán a construirse clases homogéneas y a no invertir en las y los alumnos con dificultades.
 
El Consejo de la Juventud de España no está de acuerdo en los cambios que la nueva Ley propone para acceder a la universidad, que elimina la prueba de acceso (PAU) a favor de un examen de todo el bachillerato y todas pruebas que cada universidad quiera poner. Esta fórmula, según el CJE, no respeta el principio de equidad y conllevará una elevada inversión económica para las familias que será difícil de asumir. EL CJE lamenta, además, que la LOMCE olvide el concepto de inteligencias múltiples, que apenas conceda espacio a las competencias artísticas dentro del currículo obligatorio y, por tanto, asignaturas como Educación Plástica o Tecnología sean despreciadas en esta reforma.
 
Por último, el Consejo de la Juventud de España critica que finalmente se suprima la asignatura de Educación Para la Ciudadanía, desoyendo así las recomendaciones del Consejo de Europa, que aboga por la promoción del aprendizaje de la competencia ciudadana con esta asignatura y que es común en el resto de países europeos. Por último, el CJE sostiene que España emprende un camino en dirección divergente de los sistemas educativos europeos y por ello demanda un diálogo abierto y sincero en el Parlamento, donde el Gobierno esté dispuesto a debatir con el fin de lograr el más amplio consenso y trabajar por los intereses de nuestra educación.