Notas de prensa

“La crisis económica supuso un menosprecio a la participación juvenil, que es una previsión constitucional”

Los “Estudios sobre juventud” evidencian los efectos secundarios “extraordinariamente terribles” para los intereses generales del Estado del debilitamiento de las estructuras de participación juvenil
La Constitución Española de 1978 consagró en su texto en el artículo 48 la obligación de que los poderes públicos promoviesen “la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural” del país. En los años ochenta este artículo se materializó con la creación de estructuras de participación juvenil tanto en el ámbito de las Comunidades Autónomas como a nivel estatal: los Consejos de la Juventud. Sin embargo, a partir de 2010, con la crisis económica, hubo una persecución generalizada a estas estructuras, que acabó con el cierre de Consejos como el de Comunidad de Madrid o el Castilla-La Mancha, entre otros, e incluso el intento de cierre del Consejo de la Juventud de España. “La crisis económica supuso un menosprecio a la participación juvenil, que es una previsión constitucional”, expone Vicente Álvarez, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Extremadura y antiguo letrado del Tribunal Constitucional. “Hemos ido hacia atrás y desde entonces los Consejos han tenido que luchar por su supervivencia”.

Hoy se ha presentado en Madrid la colección de publicaciones “Estudios de Juventud” que nació en el mes de julio en el seno de la Universidad de Extremadura. “Esta colección editorial nace en la situación de crisis económica y ante el menosprecio hacia los mecanismos de participación juvenil por un amplio sector de la clase política”, expone Álvarez, director de la colección.  Este proyecto ha tenido su comienzo con dos números sobre el Consejo de la Juventud de España, entidad que alberga la presentación.

El primer título “Las vicisitudes histórico-jurídicas del Consejo de la Juventud de España (Desde su Ley de creación hasta el Informe CORA)”, explica la propuesta de supresión del Consejo de la Juventud de España formulada por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). “El anuncio de cierre del CJE tenía unos efectos secundarios extraordinariamente terribles: no solo para la juventud, sino para los intereses generales del Estado", expone Álvarez.

La segunda publicación, “Participación juvenil organizada y racionalización administrativa (La compleja situación jurídica actual del Consejo de la Juventud de España)”, explica la transición jurídica que sufre la regulación el CJE, que pasa de estar regulado por Ley a estarlo por Real Decreto. Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud de España, critica esta cuestión, dada la inestabilidad e impredecibilidad de esta situación. “La representación y la participación de la juventud son una cuestión de Estado y no deben depender del gobierno de turno”. “El Consejo de la Juventud de España cumple funciones estatales, consagradas en el Constitución, es por esto que la transición del Consejo de la Juventud de España acabará cuando vuelva a estar regulado por Ley”, indica.

La exministra Carmen Montón ya manifestó su compromiso en la elaboración de la configuración jurídica que el Consejo de la Juventud de España necesita. “Esperamos que la ministra Carcedo mantenga su compromiso de una Ley para el CJE”, concluye el presidente del Consejo.