Notas de prensa

El gobierno pone fin a 30 años de trabajo en defensa de los derechos e intereses de la juventud en España

Queda aprobado el Proyecto de Ley que suprime el Consejo de la Juventud de España únicamente con los votos a favor del Grupo Popular frente al resto del arco parlamentario que ha criticado duramente el texto.
Tras casi siete meses de trámite en el Congreso y Senado, el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector público,  que regula el cierre del Consejo de la Juventud de España ha sido aprobado hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados. Se pone fin a un largo proceso que comenzó el 21 de junio del año pasado, cuando se anunció en rueda de prensa del Consejo de Ministros el proyecto del Gobierno para reducir y racionalizar la administración en el que se incluía el Consejo de la Juventud.
La totalidad de los grupos parlamentarios de la oposición se ha opuesto frontalmente a esta Ley que el Grupo Popular ha aprobado en soledad y los Grupos de la  Izquierda Plural y  Socialista han defendido vehementemente al Consejo de la Juventud. El portavoz socialista, José Ignacio Sánchez Amor, ha criticado duramente el oscurantismo con que el Grupo popular ha gestionado el trámite de esta Ley que en su momento prohibió la comparecencia del presidente del CJE o del Foro Europeo de Juventud y ha señalado que “esta es la Ley de la desaparición del Consejo de la Juventud y reforzamiento de la Obra Pía de los Santos Lugares, lo que pone en relieve claramente la voluntad de este Gobierno”.

“Desde el CJE queremos manifestar nuestro profundo rechazo por este triste día en el que se silencia la voz de la plataforma de representación juvenil más importante de España. 
Es decepcionante y frustrante observar que de poco han servido los numerosos encuentros y esfuerzos acometidos para explicar que se elimina una institución de utilidad pública en base a razones que se alejan de la realidad. Una institución que durante estos últimos años ha luchado por los intereses y derechos de uno de los colectivos más afectados por la crisis socio-económica”, ha señalado el presidente del CJE, Héctor Saz, tras la aprobación del Proyecto de Ley en el Congreso.

Los motivos alegados por el ejecutivo para eliminar al Consejo, recogidos en un informe (CORA) elaborado por una comisión especializada cuya función era determinar de dónde reducir la administración, fueron la duplicidad de funciones con el INJUVE y el ahorro presupuestario. Durante estos 15 meses, desde el CJE se ha llevado a cabo una intensa labor para demostrar la inexactitud de ambos argumentos. Incluso el propio Consejo de Estado, en su informe sobre el Proyecto de Ley de Racionalización, remarcaba la debilidad de las causas esgrimidas por el Gobierno para suprimir el CJE.
Se pone fin a tres décadas de trabajo visibilizando la realidad de las personas jóvenes en España. El Consejo de la Juventud se creó para dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 48 que insta a los poderes públicos a promover la participación juvenil. El Gobierno elimina así a un organismo al que el mismo Rey Felipe VI consideró de “institución esencial para la democracia”  en la celebración de nuestro 25º aniversario.

A partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre, el Gobierno tiene la obligación, según la Ley hoy aprobada, de crear un nuevo organismo de representación juvenil con otra naturaleza jurídica. “Estaremos muy atentos a cualquier movimiento del Gobierno para asegurarnos de que la juventud siga contando con una plataforma que represente sus intereses. Velaremos porque el futuro consejo cumpla con la Constitución y la normativa internacional. Haremos todo lo que sea necesario para garantizar la participación y continuidad del trabajo de una institución que hoy eliminan”, añade el presidente del CJE, Héctor Saz.

El CJE quiere aprovechar para agradecer los cientos de apoyos recibidos desde que se anunció nuestro cierre, tanto de entidades miembro como de multitud de instituciones como el Parlamento Europeo o el Foro Europeo de la Juventud. Igualmente agradecemos el férreo apoyo por parte de la mayoría de los partidos políticos de la oposición que han manifestado públicamente su rechazo a esta medida y nos han acompañado a lo largo del trámite parlamentario estos siete meses atrás.