Notas de prensa

El Consejo de la Juventud de España llama a secundar las convocatorias del Primero de Mayo para exigir su derecho al trabajo digno

1º de Mayo. Día Internacional del Trabajo
El Consejo de la Juventud de España (CJE) llama a las entidades y personas jóvenes a secundar las distintas manifestaciones y concentraciones convocadas con motivo de la reivindicación del Día Internacional del Trabajo. A 39 años de la aprobación de la Constitución española, causa estupor leer el artículo 35.1, que establece que toda la ciudadanía española tiene “el deber de trabajar y el derecho al trabajo” con “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Este organismo considera que los poderes públicos están cometiendo un grave incumplimiento de sus principios rectores cuando la tasa de paro de las personas menores de 30 años es del 34,4% y el salario medio de las que trabajan no llega a los 900 euros; esta situación se agrava para las mujeres, que para el conjunto de edades tendrían que ganar un 30% más para acabar con la llamada “brecha salarial”. El resultado de esta desatención de un derecho humano básico como es el derecho al trabajo provoca que la juventud sea el colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, que afecta al 38,2% de la juventud.
Además, el Consejo de la Juventud de España (CJE) denuncia que el 92,5% de las nuevas contrataciones de jóvenes son de carácter temporal, el 27,8% de la juventud ocupada tiene trabajo sólo a tiempo parcial y la sobrecualificación afecta al 56,3% de la misma, según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE). Esta precariedad y temporalidad va acompañada de una menor vigilancia sobre seguridad laboral por parte de las empresas, así como una menor formación a sus plantillas. Esto provoca que España ostente el tercer mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo de la Unión Europea (3.220 por cada cien mil trabajadores), por detrás de Francia y Portugal; con la particularidad de que los accidentes leves son mucho más frecuente entre las personas jóvenes precarias.

Por todo ello, el Consejo de la Juventud de España (CJE) reclama la subida del Salario Mínimo Interprofesional, en cumplimiento de la Carta Social Europea, hasta los 1.000€ en 2018, para combatir la pobreza laboral; así como la inspección y penalización de la temporalidad y la precariedad en los contratos de trabajo, recuperando el principio de presunción de indefinición del contrato del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, como forma de atajar la temporalidad. Además, el CJE defiende un mayor control del buen uso de las becas y prácticas curriculares y la laboralización de aquellas extracurriculares, por ya existir otras modalidades de contrato acordes a ese fin y más garantes de los derechos laborales de la juventud trabajadora.

Según Víctor Reloba, vicepresidente y responsable del Área Socioeconómica del CJE, “urge derogar las dos últimas reformas laborales para revertir la precarización del mundo del trabajo, que ataca no sólo a la posibilidad de nuestra generación de tener una vida digna, sino también a la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar y de nuestro sistema de pensiones”.

Por último, el Consejo de la Juventud de España (CJE) reitera su llamamiento a los y las jóvenes a participar en las manifestaciones convocadas en las diferentes ciudades españolas, con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo, para denunciar las indignas situaciones laborales que padece este colectivo y para exigir políticas de empleo eficaces que garanticen un empleo de calidad y con derechos. La juventud española no debe tolerar que los sucesivos gobiernos conviertan la Constitución Eepañola, el Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en papel mojado para nuestra generación, abonando el terreno para la desafección de la sociedad hacia la democracia y sus instituciones, tal como acredita el hecho de que más de la mitad de la juventud española se considere “ciudadana de segunda”, según una encuesta del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) de la UNED.