Notas de prensa

El Consejo de la Juventud de España condena las políticas que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiadas

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
21 de marzo de 2016. Ante la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra hoy, 21 de marzo, el Consejo de la Juventud de España (CJE) condena las políticas que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiadas. El CJE considera que en los últimos años se ha producido un intolerable retroceso en materia de reconocimiento de los Derechos Humanos, que han sido relegados a un segundo plano en el entorno europeo priorizando el impulso de políticas que no respetan los derechos fundamentales.
El Consejo de la Juventud de España rechaza las políticas que se están aplicando en el espacio Schengen, ya que no sólo vulneran los derechos de las personas refugiadas, sino que excluyen socialmente a las comunidades marcadas como “extranjeras” o “no europeas” cuando se encuentran en suelo comunitario. Asimismo, el CJE denuncia la suspensión generalizada de los mecanismos garantistas para el derecho al refugio en suelo europeo, a la vez que considera intolerables las intenciones de la UE dirigidas a provocar expulsiones colectivas de personas refugiadas, lo que sería tanto una evidente ilegalidad como también una inmoralidad, al suponer un peligro para su dignidad como personas ante la falta de garantías en países como Turquía.

Por lo demás, el CJE insta a las autoridades europeas a hacerse eco del ejemplo de solidaridad con las personas refugiadas que emerge paulatinamente entre una sociedad civil dispuesta a condenar las políticas contrarias a los Derechos Humanos. Algo tan sencillo como la reforma de la actual ley española de asilo y refugio para elevarla a la altura del reto histórico sería todo un primer paso para una concepción de la  ciudadanía mucho más porosa, garantista de la inclusión más que de la exclusión. 

El Consejo de la Juventud de España admite, por otro lado, la existencia de un racismo institucional que, en cierta medida, se ha ido normalizando como un discurso más. Sobre seguro, el ejemplo más flagrante de esto se localiza en los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Estos centros han sido objeto de innumerables denuncias por parte de entidades civiles, como SOS Racismo, que, entre otras cosas, han destapado situaciones de abuso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en este tipo de dependencias. Indudablemente, estas realidades, tan impropias de democracias avanzadas, son posibles gracias a la permanente vulneración de los derechos fundamentales de las personas que emigran, lo que, a juicio del CJE, parece la norma que guía la política migratoria europea.

Finalmente, el CJE advierte acerca de los efectos de esta política de extranjería, de asilo y refugio, pues generan un caldo de cultivo para los delitos de odio que, según los avances del Ministerio de Interior relativos al informe de delitos de odio de 2015, el 38,2% de los mismos responden a agresiones racistas y xenófobas. Lo oportuno sería un giro radical en las políticas europeas –también españolas– que también aborden el problema de la violencia racista y xenófoba desde la raíz, con políticas preventivas y de reconocimiento de la diversidad cultural.