Notas de prensa

El CJE rechaza la nueva Ley del Aborto porque supone un retroceso de derechos y pone en peligro la salud de las mujeres

Anularía la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en vigor desde 2010
El Consejo de la Juventud de España (CJE) rechaza el cambio legislativo impuesto por el Gobierno que anula la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por consenso en 2010, y su sustitución por una nueva norma que restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y criminaliza a los ginecólogos que practican abortos.
El Consejo de la Juventud de España considera que la Ley aprobada hoy supondrá la tutorización de las mujeres por el simple hecho de serlo, perdiendo la capacidad de decidir sobre sí mismas y su autonomía. Con el cambio de normativa y la introducción de supuestos que elimina la posibilidad del aborto libre en las primeras 14 semanas, las mujeres tienen que justificar de nuevo su decisión y son terceras personas quienes deciden si les permiten interrumpir el embarazo, tratándolas así como menores de edad que no pueden decidir por sí mismas.

El Consejo de la Juventud de España valora negativamente que la nueva norma permita abortar sólo en casos de conflicto y grave perjuicio para la vida materna o del concebido o en caso de ataque a la dignidad y la integridad de la mujer. La malformación fetal deja de ser reconocida como un supuesto y sólo podrá ser contemplada cuando entrañe un gran prejuicio psicológico para la madre, debiendo ser éste debidamente acreditado por profesionales. El mero hecho de contemplar supuestos en los que se puede y en los que no se permite interrumpir el embarazo de forma voluntaria, significa un retroceso en los derechos de las mujeres y dibuja una situación similar a la que existía con la regulación del aborto del año 85.

A juicio del CJE,  la nueva ley provocará un aumento de las desigualdades territoriales y de clase social, tanto entre  las  diferentes comunidades autónomas, ya que en unas tendrán que costearse el 20% o el 90% de la interrupción. Aumentarán también las desigualdades sociales, ya que volveremos a tiempo de la dictadura donde quien tenía posibilidades económicas viajaba al extranjero y se costeaba una clínica privada y, quien no, seguía adelante con el embarazo, con todo lo que supone a nivel psicológico y económico, así como de salud integral para la madre o la familia, sentenció Elisabet Pérez.