Notas de prensa

El CJE denuncia la siniestralidad laboral entre el colectivo joven y reclama una reforma laboral que garantice derechos y condiciones dignas

20 de enero de 2016. El Consejo de la Juventud de España (CJE) lamenta la muerte de Fernando Frade, minero de 27 años, fallecido ayer por accidente laboral provocado por una explosión de dinamita en el municipio asturiano de Cangas de Narcea y denuncia la situación de riesgo laboral en la que trabajan muchos jóvenes en nuestro país debida, fundamentalmente, a los recortes aplicados en los diferentes sectores y a la precariedad y la temporalidad del empleo.
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a fecha de noviembre de 2015, se registraron un total de 415.380 accidentes de trabajo, de los cuales 114.850 corresponden a personas menores de 34 años. Por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su informe anual 2014, deduce que el índice de incidencia de los accidentes laborales de los trabajadores más jóvenes es sensiblemente superior al resto y que el de los trabajadores temporales fue 1,7 veces mayor que el de los indefinidos. En este sentido, según el informe Análisis del mercado laboral, condiciones de trabajo y siniestralidad: una perspectiva según la edad, editado por este Insituto, los jóvenes asalariados con contrato temporal presentaron una tasa de incidencia un 26% más alta que la de los jóvenes asalariados con contrato indefinido. Este mismo informe concluye que “la temporalidad puede ser un factor que propicie el aumento de siniestralidad”.

Así, el CJE reclama nuevamente la derogación de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular y exige la puesta en marcha de medidas legales que garanticen los derechos laborales y las condiciones dignas y seguras en el empleo. Asimismo apuesta por la prevención y la formación como claves fundamentales para evitar los accidentes y las muertes en el trabajo.

Por último y en relación el sector de la minería, en el que se ha producido la última víctima mortal, el Consejo de la Juventud de España exige su nacionalización y propiedad social de los recursos para garantizar el empleo y la soberanía energética de nuestro país, así como la creación de un plan de reindustrialización efectiva de las cuencas mineras partiendo de la iniciativa pública bajo control social.