Notas de prensa

El CJE considera que la Ley de Seguridad Ciudadana es antidemocrática y va contra el Estado de derecho

23 de marzo de 2015. El Consejo de la Juventud de España (CJE) rechaza la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que considera contraria a los principios de la democracia por atentar contra derechos fundamentales de la ciudadanía recogidos en la Constitución y reconocidos también en distintos tratados internacionales suscritos por España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El CJE recuerda que el derecho de reunión, de participación, la libertad de asociación y de expresión son derechos y libertades fundamentales de las y los españoles, y con la aprobación de la denominada Ley Mordaza, el Ejecutivo actúa de forma antidemocrática y atenta contra el estado de derecho.
El Consejo de la Juventud de España subraya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y velar por el mantenimiento del orden público pero no puede hacerlo sin respetar y proteger derechos fundamentales, como  el derecho a la libertad de expresión y a la reunión. El CJE sostiene que la nueva Ley criminaliza la protesta pacífica con sanciones desproporcionadas con la intención de evitar, a través del miedo, cualquier manifestación pública legítima.

El Consejo de la Juventud de España demanda al Gobierno que rectifique la Ley, que actualice la legislación vigente a los cambios sociales y tecnológicos, y regule las sanciones de forma proporcional garantizando el cumplimiento de la Constitución Española. El CJE rechaza también la creación del Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana que contempla la nueva norma porque  demoniza a aquellas personas que participan en actividades políticas, sindicales, sociales o simplemente colectivas. Un registro que, a juicio del CJE, está en contra del asociacionismo de la población joven y, por tanto, en contra de impulsar la participación cívica que caracteriza todo sistema democrático.

El Consejo de la Juventud de España resalta, por último, que las medidas excesivas que contiene la nueva Ley no pueden justificarse en aras de la seguridad ciudadana y pide al Gobierno que rectifique y modifique esta norma, que no sólo rechazan colectivos sociales, sindicales y políticos de este país, sino también el Consejo de Europa.