Vivienda

¿Qué proponemos en vivienda?

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Constitución Española, artículo 47

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

  • La Administración debe velar para que el derecho a la vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución sea real y efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas. Las Administraciones deben intervenir activamente en el mercado de la vivienda con el objetivo de facilitar el acceso a la misma, especialmente para aquellas personas que cuenten con escasos recursos económicos.
  • Promover planes de emancipación juvenil, elaborados desde los organismos autonómicos y estatales competentes en materia de juventud (cuyos niveles administrativos serán los de mayor rango posible), que tenga como objetivo adecuar los precios de la vivienda en compra y alquiler al salario medio que perciban los y las jóvenes y preste una atención especial a quienes tengan mayores dificultades para emanciparse.
  • Instar a los Gobiernos Autonómicos a la elaboración de planes de emancipación joven teniendo como interlocutores a los correspondientes Consejos de Juventud, así como a las organizaciones sociales de ámbito autonómico.
  • Crear Institutos Públicos de Vivienda para que gestionen ayudas, avalen a personas sin muchos recursos, compren suelo adapten viviendas para los y las jóvenes sordos y sordas. Dado el problema competencial, estos Institutos deberían contar con la participación de las Administraciones competentes y evitar la duplicidad de funciones. Serían un referente único para la ciudadanía, y se asumiría por una sola institución el conjunto de actuaciones sobre vivienda. Estos Institutos deberán tener una coordinación estatal.
  • Reclamar la «Administración Única» en materia de ayudas. Uno de los mayores problemas, aparte de la propia carencia de ayudas, es la falta de información y la complejidad de los trámites. Para paliar esta situación, proponemos un sistema eficaz de tutorización similar al usado por la Administración Tributaria. En las dependencias administrativas competentes se debe ofrecer toda la información y asesoramiento necesario para acceder a una vivienda, bien sea en régimen de alquiler o de compra.
  • Subvencionar total o parcialmente a jóvenes con escasos recursos económicos los gastos e impuestos derivados de la compraventa de vivienda habitual.
  • Las Administraciones Locales fomentaran la transformación de los Centros de Información Juvenil (CIJ), en Centros de Recursos de Emancipación Juvenil, convirtiendo a estos en espacios donde los jóvenes tendrán la información y el asesoramiento necesario para la consecución de su plena emancipación.

 
CIUDAD Y URBANISMO

  • Subvencionar total o parcialmente a jóvenes sordos y sordas con escasos recursos económicos los gastos derivados de la adaptación de la vivienda habitual.
  • Desarrollar un modelo de estructura urbana ecológicamente sostenible que respete la morfología urbana, que promueva la regeneración de los cascos históricos, así como el cumplimiento de la legislación de espacios verdes y zonas lúdicas de ocio y deporte, que promueva el uso de los transportes públicos y la eliminación de la contaminación acústica.
  • Desarrollar un modelo de ciudad accesible donde se eliminen las barreras arquitectónicas y de comunicación, se fomente la interrelación cultural y de clases, que permita el encuentro entre los y las jóvenes y erradique los guetos existentes. 


VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

  • Modificar la legislación necesaria para garantizar una cuota de viviendas protegidas en edificios de viviendas libres. La creación de este cupo de apartamentos o viviendas protegidas dentro de un bloque de viviendas libres favorecería el dinamismo social y evitaría la exclusión residencial y la formación de guetos.
  • Incremento del presupuesto dedicado a la construcción de viviendas de promoción pública, garantizando una vivienda digna a las personas con menos recursos económicos.
  • Garantizar la construcción de viviendas de promoción pública accesibles para personas sordas, en edificios de viviendas libres, garantizando una vivienda digna a los jóvenes sordos y las jóvenes sordas y su inclusión en la sociedad.
  • Garantizar una baremación objetiva en la adjudicación de las viviendas de promoción pública. Eliminar la práctica del sorteo por ser contraria a los principios de proporcionalidad y de justicia redistributiva. Si hay que restringir la adjudicación, ésta se debe llevar a cabo con criterios que ponderen el grado de precariedad, los niveles de renta y las necesidades especiales, mediante el uso criterios convenientemente tasados para evitar cualquier tipo de corrupción o adjudicación arbitraria.
  • Habilitar viviendas en régimen de cesión temporal para colectivos más vulnerables, con una revisión de la situación personal tutelada por la Administración, en el marco de la vivienda de promoción pública. El hecho de que esta modalidad haya sido objeto de algún caso de malas prácticas no debe restar idoneidad para casos de exclusión.
  • Aumentar el control de las segundas transmisiones de vivienda protegida con derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración.


ALQUILER

  • Potenciar la construcción de viviendas públicas protegidas en régimen de alquiler para la población con menos ingresos, adaptando éstas a las necesidades de los y las jóvenes, especialmente en lo referido a tipología, tamaño, etc. Creación de convenios con sociedades que lleven a cabo la gestión y el mantenimiento de esas viviendas.
  • Proporcionar un número suficiente de viviendas asequibles para el nivel de ingresos de los y las jóvenes, de forma que en ningún caso el coste mensual suponga una cantidad superior al 20% de sus ingresos.
  • Potenciar la construcción de viviendas públicas protegidas accesibles en régimen de alquiler para la juventud sorda con menos ingresos, adaptando éstas a las necesidades de los jóvenes sordos y las jóvenes sordas, especialmente en lo referido a las adaptaciones técnicas, sistemas de comunicación visual, etc. Creación de convenios con sociedades que lleven a cabo la gestión y el mantenimiento de esas viviendas.
  • Adecuar el modelo de vivienda pública en régimen de alquiler en lo relativo a tamaño y diseño. Fomentar la sencillez arquitectónica, la accesibilidad, la realización de parte del mobiliario dentro de la construcción, la introducción de tecnologías adecuadas, la aparición de servicios comunes, así como la puesta en marcha de espacios polivalentes en el edificio.
  • Contemplar medidas que incentiven el alquiler a través de dos vías; apoyando a las iniciativas privadas que promuevan y/o construyan viviendas en régimen de alquiler y apoyando directamente a los arrendatarios con condiciones socioeconómicas más desfavorables.
  • Priorizar el régimen de alquiler sobre el de venta, hasta invertir la estructura actual del mercado de la vivienda, llegando a equiparar el gasto público directo e indirecto entre la vivienda en propiedad y alquiler.
  • Promover experiencias de viviendas en alquiler orientadas a los y las jóvenes mediante un sistema de rotación, según necesidades individuales. Este sistema, con algunas variaciones, es el que se ha denominado foyers. En la actualidad se está aplicando en Francia y Reino Unido, y de manera análoga en ciudades del cinturón de Barcelona, denominadas vilas joves.
  • Promover programas de alojamiento temporal de viviendas públicas para jóvenes trabajadores y trabajadoras y estudiantes desplazados y desplazadas (estudiantes, trabajadores y trabajadoras itinerantes, inmigrantes, personas desplazadas, temporeros y temporeras…). Los problemas de residencia y de abusos a los que son sometidos estos colectivos son bien conocidos, como también es evidente que no pueden ceñirse a las formas estandarizadas de acceso a la vivienda. Cuando hablamos de «habitar», se introduce la noción de estabilidad, pero no siempre es así, y es necesario introducir nuevos instrumentos destinados a circunstancias específicas.
  • Recuperar la desgravación fiscal en la declaración de la renta que beneficie a los arrendatarios en los alquileres de vivienda. La desgravación fiscal debe tener un carácter progresivo, teniendo en cuenta la renta abonada y la proporción que suponga ésta respecto de los ingresos del inquilino.
  • Impulsar la creación de bolsas de alquiler coordinadas por los institutos públicos de vivienda que, además de gestionar eficazmente la oferta y demanda, favorezcan la posibilidad de compartir la vivienda y realicen una labor de sensibilización y de dar confianza a las personas propietarias. La actuación de las bolsas serviría de catalizador del precio del alquiler de la vivienda libre al tiempo que serviría para disuadir las posibles reticencias culturales a usar este tipo de alojamiento o residencia.
  • Los institutos públicos de vivienda deben contar con una partida económica que tenga como finalidad servir de fianza y de aval a jóvenes con escasos recursos económicos en los contratos de arrendamientos de vivienda.
  • Establecer subvenciones directas al alquiler a los y las jóvenes inquilinos e inquilinas, por parte de los municipios, en función de las características de cada municipio, del esfuerzo de acceso a la vivienda y de su situación socioeconómica.
  • Fomentar la convivencia intergeneracional


SUELO

  • Destinar una parte del presupuesto de política de vivienda estatal a las Administraciones locales con el fin de adquirir suelo para destinarlo a vivienda social. Impulsar la dimensión local a través del trasvase de fondos y del control público de la actividad inmobiliaria.
  • Determinación, por parte de la Administración, para usar las herramientas de expropiación para casos de especulación abusiva. Se trata de los casos más graves de vulneración de la función social de la propiedad. En algunos casos, la especulación en suelo urbano debería aproximarse al «enriquecimiento injusto». Si se expropia para construir infraestructuras, y nuestra concepción ético social lo encuentra tolerante y necesario ¿por qué no se traslada a política de suelo?
  • Establecer límites temporales para la edificación de solares con derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración.
  • Establecer un porcentaje obligatorio de reserva del 40% de Vivienda de Protección Oficial en el suelo edificable. Esta propuesta es similar a la señalada para edificaciones. Tendría las ventajas de la inclusión social, y supondría un requisito ineludible, ya que la empresa constructora y la entidad promotora prefieren actuar sobre suelo y vivienda libres, por el beneficio económico.
  • Gravar las plusvalías del suelo atendiendo a los principios de proporcionalidad y progresividad con el objeto de frenar la especulación. Los planes urbanísticos deberán tener en cuenta el desarrollo urbano sostenible y la calidad de vida.
  • Pedir la revisión de las Haciendas locales para evitar que se especule con el suelo. El correcto funcionamiento de las Administraciones es un requisito a todas luces exigible, y precisamente en este sector es donde se producen mayores irregularidades. Exigir que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, sometimiento pleno a la ley, transparencia, etc.
  • Implicación de las Administraciones locales en el diseño y ejecución de programas específicos de viviendas para jóvenes, adaptando los planes a las necesidades reales de éstos y éstas, por encima de la «demanda explícita».
  • Poner suelo, por parte de las Administraciones locales, a disposición de cooperativas de gestión que promuevan viviendas públicas en alquiler, en condiciones ventajosas, mediante cesión del derecho de uso superficiario o mediante reducción y aplazamiento de los pagos.


REHABILITACIÓN Y VIVIENDA VACÍA

  • Luchar contra la infravivienda, exigiendo que se cumpla la normativa de consumo. La vivienda, por encima de todo, es un bien de consumo y quizá el más importante. Las inspecciones y peritajes públicos se deberían establecer mediante convenios con organizaciones de consumidores y usuarios. Habría que reajustar la normativa por responsabilidad, vicios ocultos, condiciones de habitabilidad..., en especial a las viviendas de segunda mano.
  • Impulsar la rehabilitación de centros históricos a través de la Administración pública, promoviendo un mejor uso de la financiación comunitaria. Se trata de un pequeño giro en la mentalidad de la rehabilitación: el saneamiento y restitución de zonas urbanas históricas y antiguas debe ser integral. No sólo se debe limitar a un efecto estético, sino que debe estar orientado a la habitabilidad.
  • Fomentar las ayudas a la rehabilitación según niveles de renta facilitando la solicitud, gestión y concesión con trámites ágiles y simplificados.
  • De manera similar a la rehabilitación y relacionado con programas europeos, puede hallarse otra salida en el entorno rural, con los planes de fijación de la población. Los planes de lucha contra la despoblación deben contemplar de forma integral todos los elementos de calidad de vida: trabajo, educación, ocio, estructuras... para que la opción de emanciparse en un área rural sea verdaderamente atractiva.
  • Pacto entre la persona propietaria y la persona rehabilitadora, para el uso de la vivienda. Esta modalidad se prodiga en Cataluña, aunque es más propia de zonas rurales. De todas formas, es importante la creación de nuevos instrumentos jurídicos que garanticen y proporcionen confianza a las partes.
  • Potenciar la puesta en uso de las viviendas vacías, mediante políticas de acción positiva, como las ayudas a la rehabilitación, y medidas sancionadoras, a través de una fiscalidad que grave el mantenimiento de viviendas en desuso y que incentive su salida al mercado, preferentemente de alquiler. Recordemos la función social de la propiedad; si la vivienda es un bien escaso y un bien necesario, no se debe permitir especular.
  • Promover la creación de censos de vivienda vacía en los municipios.
  • Promoción de construcción y rehabilitación de viviendas, mediante escuelas-taller y casas de oficios. En muchos análisis se vincula la precariedad laboral a la falta de acceso a la vivienda; ésta sería una forma de atajar ambas, al menos en parte. Además de medios e instrucción, habría que proporcionar estudios técnicos, informes sobre habitabilidad e infraestructuras y equipamientos.

OTRAS ALTERNATIVAS

  • Promover casas en régimen de acogida y pisos tutelados, que realicen un seguimiento para problemáticas socioeconómicas agravadas. Este tipo de actuaciones no deberían ser sólo llevadas a cabo por organizaciones benéfico-asistenciales. La política social no debe ser sólo asistencial; es exigible en nuestro sistema jurídico como una manifestación garantista de la dignidad de la persona.
  • Creación de avales con fondos públicos para la compra de vivienda, destinados a cubrir el porcentaje que no garantiza la hipoteca. Es una iniciativa bastante segura y con alto grado de fiabilidad, pues el riesgo de morosidad en estas ocasiones es mínimo ya que a nadie le interesa dejar de pagar su hipoteca ante la inminente ejecución de la misma. Esta intermediación pública evitaría que la entidad financiera desconfíe de la solvencia del joven.
  • Desarrollo de nuevos instrumentos que complementen a la Vivienda Protegida (VP) a través de las viviendas de titularidad compartida entre Administración y joven, con opción de compra de la Administración (con el fin de evitar la especulación con la venta de viviendas protegidas). La titularidad compartida cuenta ya con un cierto grado de elaboración por parte de algunas entidades.
  • Favorecer la posibilidad de que las empresas creen fondos de viviendas para su personal, de la misma manera que facilitan fondos de pensiones. Sería algo similar y compatible con las cuentas de ahorro-vivienda. Una persona joven trabajadora, normalmente no se emancipa en cuanto ya tiene un empleo. Por lo general, si quiere adquirir su vivienda, necesita dinero para la entrada, y la empresa podría darle a elegir un fondo de vivienda, como alternativa al de pensiones.
  • Impulsar la promoción de viviendas en las que el acabado corre a cargo del comprador o compradora, según sus preferencias y posibilidades, lo que repercutiría en una disminución del precio final. Esta experiencia ha tenido lugar en Países Bajos, entre otros Estados europeos. Una gran parte del precio final de la vivienda viene determinado por el acabado de la misma. Hay elementos, como el tipo de suelo, equipamiento de cocina, baños, grifería y otros acabados que podrían depender de las posibilidades de la persona que adquiere la vivienda.
  • Reconocimiento y despenalización de la estrategia de la ocupación de viviendas vacías en desuso, ante el reiterado recorte del derecho a la vivienda que sufren los y las jóvenes.
  • Establecer un porcentaje de reserva de viviendas accesibles para jóvenes con discapacidad en las promociones de vivienda protegida.
  • Tener en cuenta las necesidades específicas de los jóvenes con discapacidad para acogerse a los beneficios de los distintos Planes de Vivienda: requisitos económicos especiales, adaptación de viviendas, entornos accesibles, etc.
  • Establecimiento de la auditoria de accesibilidad, estudioprevio de accesibilidad que deberá realizarse en toda obra o proyecto de infraestructura que promueva o financie la Administración pública competente, al modo de los estudios de impacto ambiental, sin cuyo dictamen favorable no podrá autorizarse la obra o proyecto.
  • Sometimiento de las subvenciones que las administraciones públicas conceden, a Entidades públicas o privadas para la realización de obras o proyectos de construcción e infraestructura, al requisito previo de acreditación del cumplimiento de la legislación nacional o autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras.
  • Establecer un sello nacional, en coordinación con las Comunidades Autónomas, de calidad de servicios que tenga en cuenta la accesibilidad. 


PARTICIPACIÓN

  • Promover la colaboración de organismos o entidades —en sentido amplio— de participación social cercanas al problema, incluidas las más vinculadas a la realidad juvenil, en el diseño de políticas públicas de vivienda.
  • Implicar a la ciudadanía en el proceso de diseño y control de las políticas públicas de vivienda a través de foros de participación ciudadana en donde se pueda trasladar un modelo de ciudad más habitable de acuerdo con las especiales necesidades de las distintas personas y colectivos.
  • Estimular y apoyar fórmulas de organización de los y las jóvenes para la promoción de sus propias viviendas, bien sea en alquiler o en propiedad.