Infancia

¿Qué proponemos sobre la infancia?

[...] 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Constitución Española, artículo 39

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:



CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN)


  • Defender y reconocer los derechos de la infancia y adolescencia, que representan al 19% de la población del Estado español.
  • Promover la difusión de la Convención sobre los Derechos de la Infancia y del Derecho Internacional Humanitario, entre la infancia y juventud, así como la formación necesaria a este respecto, mediante seminarios, campañas y publicaciones desde los principios de la coeducación y la accesibilidad universal y diseño para todos.
  • Introducir dentro de los planes de estudio de los centros de enseñanzas contenidos relativos a la Convención de los Derechos de la Infancia, de cara a difundir los derechos de la Convención.
  • Fomentary sensibilizar sobre el concepto de autonomía de la infancia y adolescencia con discapacidad.
  • Incluir en los planes oficiales de las carreras universitarias u otros estudios relacionados con el colectivo infantil y adolescente, la asignatura de los «derechos de la infancia» de tal manera que se produzca la difusión de la Convención.
  • Denunciar y difundir la situación de los Estados Unidos de América del Norte con respecto a la CDN, ya que junto con Somalia, son los únicos países en el mundo que no han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, y por ende, no llevan a cabo medidas protectoras en lo que se refiere a la abolición de la pena de muerte que pudiera afectar a menores.
  • Reivindicar el derecho a la adopción por parte de parejas homosexuales como única vía para conseguir la protección e igualdad legal de los hijos e hijas de parejas homoparentales.



INFANCIA EN RIESGO / EXCLUSIÓN SOCIAL


  • Utilizar criterios de normalización en la intervención, no apartando a los niños y a las niñas de sus familias y contextos sociales salvo en situaciones extremas.
  • Apoyar a los niños y niñas en riesgo de exclusión social, haciendo especial hincapié también en la división de niños y niñas (por ejemplo: tareas domésticas; cuidar de su familia...).
  • Combatir la doble exclusión de las niñas.
  • Elaborar estudios con indicadores específicos de pobreza y exclusión infantil que visibilicen la realidad y midan el impacto de las políticas y programas.
  • Desarrollar estrategias para establecer medidas de inclusión y aceptación a la diferencia: educación en valores.
  • Desarrollar estrategias que potencien la asistencia a clase de todos los niños y todas las niñas a fin de favorecer su formación e integración social.


PARTICIPACIÓN INFANTIL


  • Fomentar la participación infantil como el método educativo más adecuado para trabajar con la infancia y fomentar la aparición de iniciativas en este sentido que permitan una visualización social de la Infancia y la adolescencia y sus derechos.
  • Inculcar la idea de todos juntos y todas juntas —niñas, niños, adolescentes y personas adultas— aprendemos actitudes, valores y comportamientos que nos facilitan la convivencia social y la corresponsabilidad comunitaria.
  • Crear un foro de participación donde estén integrados representantes de asociaciones infantiles y juveniles, consejos de juventud, Administraciones públicas y servicios sociales, con el objetivo de expresarse, apoyarse mutuamente y resolver problemas que afecten a la infancia y la adolescencia. Este foro de participación se construirá sobre la base de canales efectivos y reales para la construcción del debate y la participación.
  • Defender y apoyar el trabajo en red y los espacios de participación y coordinación de las organizaciones de infancia y adolescencia, como la Plataforma de Organizaciones de Infancia.


ASOCIACIONISMO INFANTIL


  • Revindicar el reconocimiento de la titularidad de niños, niñas y adolescentes para constituir libremente asociaciones, tal y como viene recogido en el artículo 15 de la Convención, de manera que se posibilite la autonomía asociativa infantil y adolescente.
  • Promocionar el estudio legislativo del derecho de asociación de la infancia y adolescencia, analizando si la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación respeta los derechos recogidos en la Convención.


DEMANDAS HACIA EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO


  • Promocionar la formación especializada a profesionales y voluntarios del ámbito de la educación no formal y la animación juvenil e infantil pertenecientes a asociaciones juveniles.
  • Potenciar el enfoque de que las asociaciones infantiles y juveniles deben de preparar a las personas para la convivencia democrática y deben ser vistas como ágoras públicas democráticas dedicadas a potenciar y desarrollar a la persona y la sociedad.
  • Lograr el desarrollo del sentido de autorresponsabilidad, involucrando a la infancia en la toma de decisiones que les afectan, haciéndoles partícipes y corresponsables de las mismas, haciendo especial énfasis en lograr la asunción del protagonismo de las niñas y de la infancia discapacitada.
  • Promover iniciativas infantiles y juveniles donde expongan y generen sus ideas, cooperando en las mismas de forma tal que se facilite la comunicación en forma de debate y negociación, y se llegue al consenso.
  • Proteger el sentido de la solidaridad frente a la competitividad. El concepto de participación infantil que manejamos incide fuertemente en el concepto de compartir, en el sentido de «formar parte de».
  • Apostar desde las asociaciones juveniles e infantiles, dado el importante papel que podemos desempeñar en el desarrollo de la legislación correspondiente, por intervenir desde los ámbitos tanto preventivo, evitando la aparición de situaciones de riesgo y conflicto social, como reeducativo, tutelando y desarrollando medidas alternativas al internamiento, tal y como viene recogido en la Ley Orgánica de 7/2000, de la responsabilidad penal de los menores.


DEMANDAS HACIA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


  • Financiación suficiente de los organismos públicos de los programas existentes en las asociaciones y colectivos juveniles en el campo de la intervención infantil y juvenil. Hay que tener en cuenta la gran necesidad de recursos humanos y económicos que exige una actuación especializada y continua en el tiempo.
  • Incentivar con ayudas fiscales a las empresas privadas que realicen campañas pro Convención de los Derechos de la Infancia.
  • Desarrollar y propiciar por parte de las instituciones públicas la evolución de los programas de protección a la infancia hacia programas de atención integral a familias e infancia.
  • Trasladar la necesidad de realizar actuaciones coordinadas entre las diferentes Administraciones.
  • Instar al Ministerio Fiscal a profundizar en la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia y a una efectividad mayor.
  • Presionar políticamente para que se cree la figura del Defensor de la infancia y la adolescencia en cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, tal y como recomienda el Parlamento Europeo, el Senado Español y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (órgano encargado de velar por el cumplimiento de los acuerdos de la CDN en los Estados que la han ratificado). La creación de estas figuras deberán están enmarcadas dentro de instituciones que han de ser independientes y autónomas y estar formadas por equipos multidisciplinares.
  • Instar a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) a la revisión de todos los proyectos financiados, de tal manera que cumplan con reivindicar a las Administraciones públicas que adopten las medidas necesarias para prohibir la práctica de la mutilación femenina —particularmente la ablación del clítoris— a niñas de origen subsahariano.
  • Evidenciar que no se pueden transferir las responsabilidades públicas a empresas privadas dentro del ámbito de aplicación de las políticas sociales.
  • Adoptar por parte de la Administración pública criterios de equidad en las políticas autonómicas, ya que existen grandes diferencias de tratamiento en las distintas Comunidades Autónomas. Se han detectado casos de aplicación de medidas diferentes sobre situaciones similares, teniendo la misma ley reguladora. Asimismo subrayar que existen diferencias entre las subvenciones que se conceden.
  • Fomentar la colaboración y participación de los consejos de juventud, asociaciones y colectivos infantiles en la elaboración de programas promovidos por las Administraciones públicas.


OBSERVATORIO DE LA INFANCIA


  • Reforzar el papel del Observatorio de Infancia (OI) en la coordinación de políticas de infancia y la incorporación de coherencia a la Estrategia Nacional.
  • Exigir que las decisiones adoptadas por el Observatorio sean vinculantes.
  • Dotar al Observatorio de Infancia de recursos tanto económicos, humanos como técnicos, a través de una partida presupuestaria recogida en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Presionar para la creación de observatorios regionales con su respectiva dotación presupuestaria.
  • Incorporar al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de la Abogacía, a la Fiscalía General del Estado y lograr una implicación mayor tanto del Ministerio de Justicia como de los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes Comunidades Autónomas.
  • Contemplar la participación de infancia asociada en la toma de decisiones del Observatorio.
  • Elaborar políticas conjuntas de infancia: el Plan de Infancia debe ser un plan de infancia global y no un plan para niños y niñas en riesgo y dificultad social.
  • Requerir de los poderes públicos la realización de una investigación cíclica (por ejemplo, cada cinco años) con fuentes primarias sobre la situación social de la infancia en España, tal y como se dispone desde el sector de juventud.


EDUCACIÓN


  • Apoyar el mantenimiento de las escuelas rurales para facilitar la educación y la formación de conciencia crítica a los niños y niñas que viven en contextos rurales.
  • Reivindicar medidas de acceso específicas para niños y niñas con diversasdiscapacidades, de cara a lograr la inclusión de éstos en el contexto escolar y social.
  • Reivindicar la coeducación, en vez de la educación mixta, en todas las acciones formativas para que niñas y niños se sientan y tengan los mismos derechos e igualdad de oportunidades en su futuro.


VIVIENDA Y URBANISMO


  • Crear casas en régimen de acogida y pisos tutelados, que realicen un seguimiento para problemáticas socioeconómicas agravadas. Este tipo de actuaciones no deberían ser sólo llevadas a cabo por organizaciones benéfico-asistenciales. La política social no debe ser sólo asistencial, es exigible en nuestro sistema jurídico como una manifestación garantista de la dignidad de la persona.
  • Instar a las Administraciones al desarrollo de políticas urbanísticas inclusivas y de integración, con la participación de niños y niñas.


LEGISLACIÓN


En general

  • Reorientar todas las políticas legislativas sobre la infancia o que le afecten de forma directa o indirecta, para el cumplimiento real y efectivo de los principios de la Convención.
  • Solicitar que en los procesos judiciales, cualquiera que sea el ámbito del derecho de que se trate y cuando afecte a niños, niñas y adolescentes (especialmente en los procesos civiles de familia), intervenga un profesional forense para que la opinión del éstos y su derecho a ser persona escuchada llegue a tener incidencia judicial a través del apoyo de equipos multiprofesionales que sepan reflejar sus deseos y necesidades. También se propone que niños, niñas y adolescentes sean escuchados por el juez independientemente de su edad.

En la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores

  • Instar a la Dirección General de Acción Social, del Menor y la Familia a la elaboración del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, con la participación y el consenso de las organizaciones y plataformas que trabajan con, para y desde la infancia, a través de la creación de un órgano consultivo, del que debería formar parte el Consejo de la Juventud de España.
  • Instar a las autoridades competentes para que se aporten todos los recursos necesarios para la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, en todas las Comunidades Autónomas.
  • Solicitar la revisión del artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, del término alarma social para la adopción de medidas cautelares, concepto indefinido y difuso que pudiera ir en contra de los principios de legalidad y seguridad jurídica y que ha sido cuestionado en reiteradas sentencias por el propio Tribunal Constitucional en relación con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  • Requerir la revisión, debate y análisis de la futura aplicación de la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la responsabilidad penal de menores, para la franja de edad de 18 a 21 años (artículo 4) a partir de la fecha de aplazamiento establecida para enero de 2007, realizando hasta dicha fecha las actuaciones que sean precisas para su entrada en vigor.

En el Código Civil

  • Recuperar los valores y reivindicaciones de la Campaña «Educa, no pegues» y por ello, solicitar la modificación de los artículos 154 y 268 del Código Civil con el objetivo de prohibir expresamente el uso del castigo físico.

En la Ley Orgánica 7/2000

  • Denunciar todos aquellos casos en los que no se den criterios básicos como el interés superior de los y las menores o la orientación educativa y resocializadora frente a la retributiva y sancionadora. Se hace necesario desde las instituciones y entidades que trabajamos a diario con y para la infancia y la adolescencia, observar las evoluciones futuras de la aplicación de las presentes leyes.
  • Requerir a las diferentes Administraciones, instituciones y agentes sociales implicados en el desarrollo de la Ley Orgánica 7/2000 la realización de una evaluación constante y continua de aquellas medidas alternativas al internamiento.


MEDIOS DE COMUNICACIÓN


  • Trasladar a los medios de comunicación la necesidad de creación de una cultura alternativa a la consumista en la que se ofrezca una imagen positiva de la infancia, adolescencia y juventud.
  • Manifestar la existencia de programas no adecuados en franja horaria infantil y la carencia de programas coeducativos en la Televisión Pública y en la Televisión Privada a través de un posicionamiento contundente del Consejo de la Juventud de España.
  • Exhortar la inclusión y difusión de los derechos de la infancia y adolescencia recogidos en la Convención a través de programas educativos dentro de la programación de las televisiones públicas.


PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO


  • Condenar enérgicamente la práctica de utilizar niños y niñas como soldados, tan expandida en numerosos lugares del mundo, y defender el principio de no reclutamiento y no participación de los niños y niñas menores de dieciocho años en los conflictos armados, apoyando iniciativas en favor del proyecto de Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, que se están elaborando en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
  • Denunciar las graves repercusiones que los conflictos armados tienen sobre la infancia, y estar dispuestos a adoptar todaslasmedidas oportunas para promover la protección y asistencia a la infancia y la adolescencia afectada por los conflictos armados, apoyando igualmente los esfuerzos de las organizaciones humanitarias que trabajan para promover los derechos de la infancia en situaciones de conflicto armado.
  • Impulsar, junto con los países afectados por conflictos armados, proyectos de cooperación internacional que atiendan con carácter prioritario a las necesidades de la infancia y juventud y que promuevan su protección y asistencia, tanto material como psicosocial.
  • Favorecer la integración plena de niños, niñas y jóvenes refugiados que provienen de países en conflicto.
  • Apoyar el desarrollo del Tribunal Penal Internacional para que enjuicie y sancione todas las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, especialmente las relacionadas con los niños, las niñas y adolescentes en situación de conflicto.


MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS


  • Reclamar a todas las Administraciones españolas, estatales y autonómicas, así como a las Administraciones marroquíes, implicadas en la situación y con responsabilidades en la salvaguarda de los derechos de estos menores, que cumplan las legislaciones internacionales, estatales y autonómicas de Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
  • Solicitar a las Administraciones la investigación de cómo se han realizado las últimas reagrupaciones familiares o expulsiones ilegales, cuál es la situación actual en Marruecos de estos niños y niñas y sus familias.
  • Instar a la intervención de las instituciones protectoras y a la demanda de las responsabilidades que procedan legalmente.
  • Realizar acciones de información y denuncia sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, haciendo especial hincapié en Ceuta y Melilla.