Empleo

¿Cómo está el tema en empleo?

Tras el cambio de la situación económica por la crisis de un modelo dependiente del sector de la construcción residencial, el empleo vuelve a ser una preocupación de primer orden de las personas jóvenes, que volvemos a sufrir mayor desempleo.
Uno de los rasgos distintivos de las sociedades occidentales en los últimos veinte años es la extensión de un modelo social en el que, cada vez más, la inseguridad laboral y social afecta a extensas franjas de la población. No son sólo ya las personas desempleadas, sino también quienes trabajan temporalmente, o quienes sufren las consecuencias de las transformaciones en la organización de la producción o aquellas que se enfrentan a los diferentes niveles de pobreza. Lo que se percibe es la instalación de la incertidumbre social, en contraste con el panorama vivido hasta la segunda mitad de los años sesenta.

La cultura de la temporalidad, introducida en 1994 con la ruptura de la causalidad en la contratación temporal en el mercado de trabajo como lógica fundamental de la gestión de la fuerza de trabajo —especialmente de la fuerza de trabajo juvenil—, ha situado desde entonces las tasas de temporalidad por encima del 30%, hasta alcanzar niveles del 34%. En la actualidad, el 32% de la población asalariada en España sufre la temporalidad, frente al 13,8% de media en la Unión Europea, y es especialmente sangrante entre los y las jóvenes, para quienes la eventualidad alcanza el 73,1% en España frente al 36,6% de la Unión Europea.

El Estado ha dejado de ser intervencionista. Su función principal se ha reducido a salvaguardar la propiedad. En coherencia con este planteamiento, las políticas de empleo están consistiendo en dejar al mercado libre. La tendencia es que sean las partes las que se pongan de acuerdo, cuando es evidente que en las relaciones laborales no hay una situación de equilibrio que permita negociar, en igualdad de oportunidades, unas condiciones de trabajo

La lógica del actual sistema económico, basado en la globalización de los mercados, antepone los beneficios empresariales a las necesidades sociales y personales. Para ello se ha optado por un modelo de relaciones laborales basado en un importante y estable contingente de personas desempleadas que garantiza unos bajos costes laborales.



El acceso al empleo

LA INTERMEDIACIÓN LABORAL


El Instituto Nacional de Empleo (INEM) —como servicio público de empleo— ha ido perdiendo progresivamente la iniciativa en el espacio de la intermediación laboral en los últimos diez años. De una parte, la entrada en escena de nuevos agentes públicos y privados en la gestión de la colocación de las personas desempleadas como son las agencias de colocación (Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo), y por otro con la proliferación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) (Ley 14/1994, de 1 de junio), que participan en la intermediación con un marcado carácter mercantil.

Con la aparición de estos actores se ha restado protagonismo al principal papel que tenía el INEM, como era el conseguir la ocupación de las personas desempleadas, trasladando —en cierta forma— su responsabilidad a estos nuevos agentes. La incapacidad para gestionar adecuadamente las ofertas privadas de empleo, así como dar respuesta a las numerosas demandas de empleo ha generado —más como percepción pública que como una realidad contrastada— un cierto desprestigio del INEM como servicio público de colocación; esta percepción genera una espiral que ha conducido al empresariado y a demandantes de empleo a dirigir sus miradas hacia los nuevos agentes.

Existe una práctica de inserción laboral para los y las jóvenes en condiciones más precarias (temporalidad, asunción de mayores riesgos laborales, rotación...) como consecuencia de la demanda del mercado de trabajo y es con ello con lo que aparecen las ETT, caracterizadas no sólo por la temporalidad de sus contratos, sino por la propia diferencia de condiciones de empleo respecto a la empresa usuaria. La división de la plantilla, las escasas medidas de prevención de riesgos laborales, así como la extrema disponibilidad de los tiempos de trabajo, son elementos que flexibilizan enormemente la mano de obra adaptándola hasta el extremo a la necesidad productiva. Evidentemente, esta lógica empresarial corre al margen de los planes de vida y la necesidad de estabilidad laboral que tienen todas las personas que conforman sus plantillas.

Por otra parte, el plan de descentralización de las competencias en materia de políticas activas a las diferentes Comunidades Autónomas ha abierto un nuevo escenario competencial dentro de la Administración Pública. El ámbito de la Comunidad Autónoma, y no el de la Administración Central,es el que tendrá la tarea de ofrecer acciones públicas de intermediación. Esta nueva realidad trasladará la responsabilidad a los equipos de gobierno autonómicos, en un proceso generalizado de acercar la toma de decisiones a la ciudadanía. La evolución de esta nueva situación nos colocará en un nuevo mapa territorial, en el que aparecerán más marcadas las diferentes estrategias de intervención pública en el campo de la intermediación laboral.

Por lo que se refiere al espacio laboral generado con los nuevos yacimientos de empleo, han ido siendo asumidos por el llamado tercer sector. Este heterogéneo grupo de asociaciones, fundaciones y pequeñas empresas han asumido el vacío que ha dejado la Administración, principalmente la Administración Local, al delegar la responsabilidad de atender las necesidades sociales —programas de inserción, servicios de proximidad, etc.— en el sector privado.

La progresiva dejación de funciones de las Administraciones en su responsabilidad política de conseguir la ocupación de las personas desempleadas supone que —en cierta medida— se desvirtúe el concepto de estado social.



COMPETITIVIDAD ENTRE LA DEMANDA

Una de las consecuencias de la alta tasa de desempleo es el incremento de la competitividad —rivalidad— que se genera del lado de la demanda ante la escasa proporción de puestos de trabajo ofertados. En esta búsqueda de empleo, las personas jóvenes mejor formadas —que suele coincidir con aquellas que han contado con mayores recursos económicos— son las que acceden con más facilidad y a los mejores puestos de trabajo. Por el contrario, aquellas personas jóvenes que, bien por su escasa formación, bien porque forman parte de colectivos desfavorecidos, acceden a puestos de trabajo con peores condiciones laborales (bajos salarios, contratos de prácticas o formación sin cumplir el período formativo preceptivo, temporalidad, etc).

Por último, se encuentran aquellos colectivos sociales —inmigrantes, ex reclusas o reclusos, etc.— que cuentan aún con menos posibilidades de acceder al escalón anterior de precariedad y que —en muchos casos— únicamente pueden acceder al mundo de la economía sumergida. La ausencia de cualquier tipo de derecho, prestación o garantía caracteriza el trabajo desarrollado en el ámbito de la economía sumergida. La exclusión social se fragua en estos casos por la oportunidad de acceder a unos u otros empleos.



RETRASO EN EL ACCESO

En los últimos años se ha producido un progresivo aumento de la edad media de incorporación de los y las jóvenes al mercado de trabajo. El retraso de la emancipación del hogar familiar se está traduciendo lógicamente en un retraso en la conformación de un nuevo hogar familiar y en la edad media en la que se accede por primera vez a la maternidad. Si consideramos a los y las jóvenes de entre 20 y 24 años, el 89% sigue viviendo con su familia de origen. Si tomamos la franja de entre 25 y 29 años en España, el 79% de estas personas sigue sin emanciparse. Estos porcentajes son muy superiores a los que se dan en países como Portugal, Grecia o Irlanda.

Así, en la última década ha aumentado en casi dos años, de 29 a 31 años, la edad media en la que se alcanza la maternidad. El retraso en el acceso al empleo modifica sustancialmente los planes de vida de la mayoría de los y las jóvenes, generando —en muchos casos—espirales de exclusión-marginación, incluso de un sector de la juventud proveniente de una clase media-media o media-baja.

Este retraso en el acceso al empleo no se produce por igual entre todos los colectivos. Así, lo sufren especialmente las mujeres como grupo, y dentro de éstas, aquellos colectivos más desfavorecidos —gitanas, mujeres con cargas familiares no compartidas, etc.—. Otros colectivos que sufren especialmente esta dificultad son el de los y las jóvenes que buscan su primer empleo y que carecen por tanto de cualquier tipo de experiencia laboral y el de las personas discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales.

Desde una perspectiva territorial, el acceso al empleo en las zonas rurales sigue siendo especialmente precoz, bien ayudando en el negocio familiar o simplemente por factores culturales. Por el contrario, en las zonas urbanas la edad del primer empleo se ha retrasado, no sólo porque el acceso a la educación masiva retrasa la entrada en el mercado de trabajo, sino también porque esa llegada se produce en condiciones precarias, o a través del trabajo voluntario y no remunerado.



PROLONGACIÓN DE LOS ESTUDIOS

La obligada competencia entre las personas demandantes de empleo para optar a los escasos puestos de trabajo que se ofertan ha generado una mayor necesidad de formación entre aquéllas para acceder al mercado laboral. Este hecho ha empujado a muchos y muchas jóvenes a prolongar su etapa formativa no obligatoria; tengamos en cuenta que la etapa obligatoria se ha prolongado hasta los 16 años con la aplicación definitiva de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).

En esta fiebre de la «formación por la formación», nadie parece reparar en que, con independencia de los conocimientos que se adquieran, lo verdaderamente importante es la creación de suficientes puestos de trabajo, ya que la espiral formativa sólo supone una mayor competencia entre los demandantes para optar a los mismos empleos. El aprendizaje de técnicas y habilidades es un instrumento para la consecución de un objetivo: la adquisición de un puesto de trabajo. Abogamos por la no competencia y por la no culpabilización de la persona por carecer de la formación suficiente para el puesto o para el proceso mismo de selección.

Esta situación ha provocado que muchas personas jóvenes se vean obligadas a alcanzar una alta formación para acceder —en ocasiones— a ocupaciones de menor cualificación que la que requeriría objetivamente el puesto de trabajo. Esta inercia ha forjado una espiral que, en la mayoría de las veces, sólo permite acceder a un empleo precario, para acabar nuevamente en el desempleo.



INADECUACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Existe una asintonía importante entre la formación que se imparte en la enseñanza obligatoria y las necesidades formativas complementarias demandadas desde las empresas, con independencia del puesto de trabajo, y éstas no quedan recogidas en los planes formativos. Normalmente los cambios en el mercado laboral son más rápidos que en la oferta formativa a la que pretende dar respuesta. Esto obliga a muchos y muchas jóvenes a formarse de forma más específica, una vez agotada la etapa obligatoria, prolongando una vez más su período formativo y con él, el acceso al primer empleo.

Existe un escaso conocimiento de las demandas del mercado desde las enseñanzas primarias que tendría como objetivo que el o la joven vaya reflexionando y desarrollando su perfil profesional desde edades tempranas, de acuerdo a sus gustos, habilidades y preferencias.

Los empleos que se generan también tienen sus destinatarios o destinatarias ya previstos. Se están generando estereotipos de puestos de trabajo según los colectivos. Resulta familiar asociar determinados puestos de trabajo como empleado o empleada del hogar, jardinero o jardinera, etc., a determinados colectivos sociales, y especialmente a la población inmigrante. Este acceso condicionado a determinados puestos de trabajo pone de manifiesto qué clase de integración se está llevando a cabo en nuestra sociedad.

Otros factores, como la movilidad territorial, las nuevas tecnologías no adquiridas o el desconocimiento de idiomas, son obstáculos que impiden también acceder al mercado de trabajo.



Durante el empleo. Condiciones de empleo


DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES

Los proyectos curriculares de los centros de enseñanza no suelen incorporar, como una prioridad formativa, un conocimiento básico del mercado de trabajo, una información suficiente sobre los derechos y deberes básicos que tendrán como futuras personas trabajadoras.

Esta labor la vienen desempeñando toda una serie de organizaciones sociales y políticas, principalmente los sindicatos y partidos. Sin embargo, es constatable que no se consigue llegar al conjunto de los y las jóvenes. Cuando no se conoce un derecho no se puede ejercer. Ésta es la circunstancia que sufre buena parte de los y las jóvenes que se encuentran en situación de precariedad laboral. La precariedad del mercado de trabajo es tal que, al desconocimiento de los derechos del mismo, hay que sumarle el miedo a reclamarlos aun cuando se conocen.

Éste es un déficit que padece la sociedad en general, porque los mecanismos de participación democrática no se aprenden en ningún espacio concreto. Esta situación afecta especialmente a las personas jóvenes con menor cualificación, con escasos recursos económicos, procedentes de minorías étnicas o entornos rurales. La actitud pasiva de buena parte de las personas trabajadoras en su lucha por mejorar sus condiciones de empleo, reflejo de un contexto social que penaliza la participación, resulta ser causa y efecto de un mercado de trabajo cada vez más flexibilizado, más impersonal y en el que los agentes sociales sienten en menor medida la presión social de quienes sufren estas condiciones.El desconocimiento del papel social que desempeñan los sindicatos y los partidos políticos en nuestra sociedad hace que muchos trabajadores y muchas trabajadoras no sientan la necesidad de participar en los mismos, y por extensión en todos aquellos espacios de gestión participada.

En un contexto de ausencia de verdadera cultura participativa, hay que destacar las dificultades —que se encuentran en ocasiones— para participar en las estructuras de las empresas, en las instituciones públicas y en la actividad sindical. Este intento de debilitamiento de la estructura sindical es, a su vez, causa de mayor precariedad, en la medida en que son las organizaciones sindicales las que están llamadas a negociar las condiciones de trabajo en un mercado cada vez menos protegido por el Estado.

Garantizar mediante la aprobación de planes específicos los derechos y condiciones laborales de los y las soldados, marineras y marineros, equilibrándolos con los del personal funcionario salvo en lo que la Constitución prohíba expresamente. Estos planes prestarán especial atención a garantizar la igualdad de las mujeres que ejercen esta profesión, en la calidad de las Fuerzas Armadas, en el control de los riesgos asumibles en el ejercicio de su labor, y en la inserción en el mercado laboral de aquellos y aquellas que quieran dejar de prestar servicio en las Fuerzas Armadas.



TEMPORALIDAD / ASUNCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A pesar de que la propia Constitución Española, en su artículo 40.1, indica que la política debe ir orientada hacia el pleno empleo, el objetivo de la misma se concreta en crear empleo, sin garantizar que, en su mayor parte, el empleo que se crea sea estable. La temporalidad es perjudicial porque genera inestabilidad sociolaboral, dificulta la emancipación, causa siniestralidad laboral, entendida no sólo como accidentes sino también como enfermedades, provoca rotación entre puestos, pesimismo, falta de motivación, infravaloración, falta de ilusión por el trabajo, acoso moral, etc.

La contratación indefinida, tal y como está regulada en la actualidad, no garantiza una seguridad por los bajos costes de indemnización por despido. Esto contrasta con las ayudas que reciben los empresarios y las empresarias por las nuevas contrataciones. Con las nuevas figuras jurídicas como el contrato de formación, se abarata el coste de la mano de obra ampliando los colectivos a los que se dirige, descausalizando el carácter temporal de los contratos.

Es evidente que se incumple la causalidad en la contratación, es decir, se ocupan de forma temporal y «continuada» puestos de trabajo que son de carácter indefinido o estructural. Esto supone que la temporalidad no sea una opción libremente elegida, sino que es una realidad que se impone a los proyectos de vida de la mayoría de los y las jóvenes. Algo similar ocurre con los contratos a tiempo parcial. Esta modalidad contractual ha precarizado, y no por voluntad propia, las condiciones de trabajo de buena parte de las mujeres al ser éstas las principales destinatarias.

Del total de los contratos temporales existentes a tiempo parcial, más del 76% lo ocupan las mujeres, y este porcentaje aumenta hasta el 87% en el caso de los contratos indefinidos a tiempo parcial. Con frecuencia, la enorme precariedad laboral, la asunción de cargas no compartidas y la desigualdad de oportunidades conduce a un sector de mujeres hacia la pobreza por el camino de la exclusión.

La inestabilidad laboral que sufren buena parte de los y las jóvenes es la razón por la que se ven obligados a hacer horas extras, asumir riesgos laborales innecesarios, e incluso a combinar varios empleos temporales (pluriempleo) ante la escasa duración y bajos salarios de los mismos. La fijación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) muy por debajo del coste real de la vida supone que importantes sectores de la población vean descender progresivamente su nivel de renta.

Los estudios realizados hasta la fecha nos muestran una relación de causa-efecto entre la temporalidad-rotación de puestos con la siniestralidad laboral.La creciente política empresarial de reducción de costes laborales, que conlleva la consolidación de la precariedad laboral sobre determinados colectivos y sectores yel imparable incremento de la externalización de los servicios a través de las subcontratas está siendo un factor generador de siniestralidad por la altísima temporalidad y falta de experiencia y adaptación en el puesto. Esta alta temporalidad impide la formación en prevención de riesgos laborales.

Las personas trabajadoras suelen padecer el incumplimiento de la Ley y la normativa de prevención, bien por la presión de los ritmos de trabajo como consecuencia de una producción a destajo, bien por no conocer la gravedad del peligro, o simplemente porque no existe una cultura de la prevención.

Promover y dar respuesta desde la Administración Pública, especialmente desde el ámbito local, aquellos nuevos yacimientos de empleo que desde todos los niveles territoriales desarrollen el Estado de Bienestar, impulsando así mismo todos aquellos otros proyectos no básicos para la comunidad que puedan ser ocupados por el sector privado.



LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Desde la entrada en vigor de la Ley de Conciliación de la vida laboral y familiar, ésta queda recogida en cada vez más convenios colectivos, aunque todavía escasos. Conciliar no sólo depende de la introducción de articulados concretos en los convenios que recojan exclusivamente la referencia a la Ley, requiere tenerla en cuenta en todos los aspectos del convenio (contratación, jornada, permisos, salud laboral…). En los últimos años se está realizando un esfuerzo importante por parte de los agentes sociales para recoger esta realidad en los convenios. Ejemplo de ello se encuentra en el Acuerdo de Negociación Colectiva de 2002, firmado por la patronal y los sindicatos, donde se incluye como compromiso de negociación por ambas partes la conciliación de la vida familiar y laboral.

A pesar de la nueva regulación legal, se puede constatar que, mayoritariamente, sólo concilia la mujer, renunciando a su proyección profesional y teniendo que asumir la contratación a tiempo parcial y la doble jornada. La maternidad sigue afectando a la promoción profesional de las mujeres situándolas, en muchas ocasiones, al borde del mercado de trabajo.

El cuidado de las personas ancianas, discapacitadas y menores de edad está siendo asumido por un nuevo colectivo de mujeres. No sólo se produce una feminización de determinados puestos de trabajo, sino que éstos, debido a sus malas condiciones laborales, son ocupados por los estratos sociales más bajos.

La escasa participación de las mujeres en el proceso de negociación colectiva tiene mucho que ver con la limitada participación que tienen para hacer explícitos sus intereses en el proceso de elaboración de los convenios colectivos.

El desempleo

El desempleo de larga duración no sólo es causa de exclusión en términos socioeconómicos, sino que además suele conllevar una serie de efectos psicosociales especialmente negativos que acaban influyendo en la propia obtención de un nuevo empleo. El sentimiento de impotencia, de culpabilidad o la baja autoestima al cruzarse con la pérdida de la experiencia profesional requerida, y la inadecuada formación específica conduce, en ocasiones, a la desmotivación para buscar un nuevo empleo (inactivos) o a aceptar las infracondiciones laborales que ofrece el mercado de trabajo (economía sumergida).

La respuesta pública al fenómeno del desempleo ha venido, de una parte, de la mano de medidas protectoras, y de otra, el impulso de acciones relacionadas con la mejora en la capacitación de las personas desempleadas, la promoción del tejido industrial a través de fórmulas como la del autoempleo, o la creación de empleo público y de nuevos yacimientos de empleo.



TEJIDO INDUSTRIAL / AUTOEMPLEO

El desigual crecimiento del tejido industrial en las diferentes Comunidades Autónomas conlleva el progresivo empobrecimiento de las zonas afectadas y la pérdida de población productiva. La fórmula del autoempleo sólo puede servir como una medida más en el contexto de creación de empleo, sin considerarla como una solución alternativa global al problema del desempleo, ya que supondría depositar unas expectativas muy altas en una opción que cuenta con una alta tasa de fracaso de nuevas empresas como consecuencia de la disonancia entre el proyecto originario y la proyección efectiva de los microplanes de empresa. Contrasta con esta realidad el desconocimiento generalizado de la mayoría de las fórmulas de economía social. Destaca la poca información disponible y el escaso apoyo público prestado a estas fórmulas sociales de creación de empleo.

Formación

La utilización de la formación como una medida de política activa hay que considerarla acertada siempre que venga acompañada de medidas de formación + empleo (Casas de Oficios y Escuelas Taller) tratando en todo caso que la formación que se imparta se adapte en todo momento a las demandas o necesidades del mercado de trabajo. En cualquier caso, hay que procurar que la formación no sirva más como un mecanismo de ocupación, entretenimiento y control del desempleado que como un instrumento de reciclaje formativo adaptado al mundo laboral.

Nuevos yacimientos de empleo

Los nuevos yacimientos de empleo que surgen como una necesidad social en el marco del desarrollo del estado de bienestar deberían quedar garantizados por la Administración (central, autonómica y local). Sin embargo, la Administración pública, en su mayor parte, está delegando la prestación de estos servicios a la comunidad al sector privado. Como consecuencia lógica, todos aquellos servicios que no sean cubiertos por el sector privado por su ineficiencia económica quedarán sin dar respuesta si la Administración no los asume como propios.



POLÍTICAS PASIVAS

Teniendo en cuenta la importante tasa de desempleo, las prestaciones sociales cumplen la función social de compensar los desequilibrios económicos que genera la sociedad, evitando la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de amplias capas sociales. Sin embargo, en los últimos años, bajo el pretexto de provocar una búsqueda más activa de empleo entre las personas desempleadas, se han endurecido los requisitos para percibir las prestaciones y se han reducido las cuantías de las mismas, lo que ha provocado un incremento de la precariedad en aquellos colectivos más desfavorecidos que habitualmente acceden a estas prestaciones (mujeres, personas discapacitadas, personas paradas de larga duración, etc.).

Por otra parte, cabe destacar la progresiva pérdida de poder adquisitivo de algunos sectores de la sociedad —incluso de clases medias— que son hoy perceptores de rentas mínimas de inserción. La enorme precariedad laboral está suponiendo que miles de jóvenes se encuentren hoy en la frontera de la exclusión en términos económicos. La principal razón que evita que muchas de estas personas sean consideradas por las demás y por ellas mismas como «pobres» es el papel de colchón social que está ejerciendo la familia en la actualidad. En muchos casos, aquellas personas jóvenes que no cuentan con esta red social acaban engrosando las listas de los nuevos y las nuevas pobres de los servicios sociales.