Educación formal

¿Qué proponemos sobre educación formal?

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. [...]
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. [...]
Constitución Española, artículo 27

ENSEÑANZAS MEDIAS



Organización y estructura


  • Apostar por un sistema educativo público y de calidad, gratuito y laico.
  • Unificar legislativamentetoda la normativa básica existente en la actualidad (LODE, LOGSE, LOPEG y LOCE) para facilitar su comprensión por la ciudadanía en general y la Comunidad Educativa en particular, de un aspecto de suma importancia como es el marco jurídico del sistema educativo.
  • Considerar la etapa de preescolar, de 0 a 3 años, como etapa educativa y no como educativo-asistencial, tal y como se hace en la actualidad, integrándola plenamente dentro del sistema educativo y dependiente de las Administraciones educativas.
  • Reclamar la creación de una verdadera red de centros públicos para el segundo ciclo de Educación Infantil, una vez reconocida la gratuidad del mismo, regulando adecuadamente a qué Administración correspondería su financiación. Igualmente, es necesario plantearse la necesidad de convertir en obligatorio el mencionado ciclo. Esto obligaría a desarrollar un marco legislativo apropiado, que en la actualidad presenta enormes lagunas en aspectos fundamentales como la titulación del correspondiente profesorado, y que además permitiría indirectamente avanzar en otras cuestiones de suma importancia como la incorporación de la mujer al mercado laboral.
  • Apostar por incluir en la ESO determinadas competencias especialmente clave en la actualidad, como son la interpretación del lenguaje audiovisual, la educación intercultural y en la diversidad, el uso de las nuevas tecnologías como medio de aprendizaje y cultura participativa como elemento esencial del desarrollo sociopolítico de la persona.
  • Exigir la recuperación de la coeducación como materia transversal creando además un departamento de coeducación en cada centro con las siguientes funciones: diseñar junto con el resto de agentes de los centros un proyecto de centros de coeducación, revisarlo, apoyar al profesorado y evaluarlo.
  • Incrementar las medidas de refuerzo en lugar de la línea segregadora que supone la creación de los actuales itinerarios, apostando por una progresiva diversificación y asegurando a todos los centros los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la debida atención educativa a la diversidad. Se evitará cualquier tipo de segregación a lo largo de todo el proceso educativo. Las alternativas que proponemos pasan por la regulación de grupos de apoyo cuando sea necesario y que obviamente supondrían la necesidad de un cierto apoyo económico.
  • Con el fin de garantizar la libertad de elección a una enseñanza bilingüe y la optimización de recursos, establecer una red de Centros Escolares Nacionales para el alumnado sordo, con la Lengua de Signos Española (LSE) como lengua vehicular (o LS propia de cada comunidad autónoma) y el castellano o lengua propia de su Comunidad Autónoma como segunda lengua con implantación en todas las Comunidades Autónomas.
  • Mejorar el aprovechamiento de los recursos económicos, técnicos y humanos mediante la promoción por las Administraciones Educativas de agrupaciones de alumnado sordo en centros específicos de personas sordas, aulas específicas en centros ordinarios o de escolarización combinada.
  • Ofertar la Lengua de Signos Española como materia optativa en el nivel de la ESO para todo el alumnado de los centros escolares en los que se encuentren escolarizados alumnos sordos, a fin de promover su mejor integración en el centro.
  • Garantizar la plena igualdad de oportunidades del alumnado sordo, incorporando las siguientes medidas.

    - Presencia de Intérpretes de Lengua de Signos Española en los centros educativos.
    - Adaptación de tiempos para el alumnado sordo durante las pruebas.
    - Otros recursos visuales para el alumnado sordo.
    - Exención de la prueba oral de lengua extranjera en la PGB para el alumnado sordo.
    - Formación del profesorado.

  • Fomentar la cooperación entre las familias con alumnado sordo y la escuela, facilitando el aprendizaje por las familias de la Lengua de Signos Española cuando opten por un enfoque bilingüe.
  • Facilitar la integración de la comunidad sorda en el sistema educativo asignando intérpretes en los centros educativos, articulando los mecanismos necesarios para las pruebas orales de idioma de la PGB, facilitando formación al profesorado y reconociendo el lenguaje de signos como válido para la educación.
  • Promover la utilización de materiales educativos no etnocentristas y no androcentristas, el material didáctico en la actualidad sólo hace referencia a un modelo de familia y cultura, en la que los y las estudiantes no se sienten identificados, y peor aún, se sienten rechazados por no ser capaces de responder al modelo que se les exige. Es necesaria la construcción de una nueva sociedad en la que se eduque a los y las estudiantes en la diversidad de manera que se formen ciudadanos y ciudadanas culturalmente heterogéneos y heterogéneas, pero que cuenten con unos valores comunes que posibiliten la convivencia y el respeto.
  • Promover la utilización de materiales educativos que constituyan referentes positivos de la homosexualidad y la bisexualidad. Constituir los centros educativos como un referente de igualdad, normalización y visibilidad de la homosexualidad y la bisexualidad.
  • Redefinir los Programas de Iniciación Profesional, de tal forma que se garantice la obtención de una formación y titulación correspondiente a las etapas obligatorias y no suponga un elemento excluyente del sistema educativo. Se hace necesario el aumento de las medidas de refuerzo dentro del marco común de la enseñanza obligatoria.
  • Reforzar los Departamentos de Orientación de los centros, dotándolos de los suficientes recursos (humanos y materiales) y de un marco legal adecuado.
  • Suprimir la actual Prueba General de Bachillerato, PGB, y no condicionar la obtención del título de bachiller a prueba externa alguna. De nuevo, el peso de la evaluación recae sobre los y las estudiantes, que tienen en realidad que afrontar dos pruebas en lugar de una para acceder a la Universidad. Los profesores y las profesoras, los centros y las Administraciones continúan casi ajenos a los procesos de evaluación y se denota una falta de confianza de la propia Administración en el funcionamiento del sistema educativo. Debe cobrar aquí una especial relevancia la Alta Inspección.
  • Potenciar y redefinir el concepto de educación de adultos y adultas (aprobando su gratuidad) y el de educación permanente, y tener en cuenta especialmente el Memorandum de la UE al respecto. En este sentido, ya se recogía en la LOGSE un concepto más amplio de educación de personas adultas y educación permanente que no ha sido prácticamente desarrollado y que debe ser tenido muy en cuenta en el futuro, así como su estrecha relación con la Formación Profesional.
  • Crear un Foro de Atención Educativa a Personas con Discapacidad, órgano paritario de encuentro y debate entre la Administración educativa y el sector de la discapacidad.
  • Adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el mandato de la LISMI(Ley de integración social para minusválidos) de gratuidad de la enseñanza de los estudios universitarios para las personas con discapacidad.
  • Eliminar las barreras arquitectónicas en los centros docentes y las de comunicación, posibilitando en las aulas el uso de sistemas alternativos de comunicación, intérpretes de lengua de signos, etc.
  • Condicionar los conciertos con empresas de transporte escolar a la adaptación de los autobuses escolares de estas empresas.
  • Dotar de becas a alumnos colaboradores con estudiantes con discapacidad.


Profesorado

  • Reclamar la conversión de los actuales estudios de Magisterio en una licenciatura de al menos cuatro años, que permita formar a los futuros maestros y maestras adecuadamente para afrontar los actuales retos de la educación, ante los que se encuentran desbordados y desbordadas en la mayoría de los casos, haciendo especial hincapié formativo en cuestiones pedagógicas, interculturalidad, atención a la diversidady en materia de orientación afectivo-sexual, como una forma de derribar estereotipos y crear un entorno de igualdad, respeto y convivencia, actualmente en situación muy deficitaria. Se conseguiría también un refuerzo del aspecto vocacional, imprescindible en el futuro escenario de nuestro sistema educativo. Igualmente, deben reforzarse en este mismo sentido los cursos de especialización pedagógica y didáctica para el resto del profesorado.
  • Desarrollar eficazmente una red de formación permanente del profesorado, que facilite un continuo reciclaje del mismo y permita actualizar las herramientas pedagógicas necesarias para abordar todas las cuestiones señaladas anteriormente y otras muchas de gran importancia como la resolución de conflictos y la función tutorial, que frente a otras medidas de carácter meramente disciplinario, son la verdadera alternativa educativa para afrontar determinadas situaciones.
  • Revalorizar el papel de los educadores y las educadoras con campañas y medios adecuados.Reconocer el papel de nuevas figuras educativas como educadores, educadoras y trabajadores y trabajadoras sociales, pedagogos y pedagogas, especialistas en LSE etc. Su normalización dentro del sistema educativo se hace imprescindible para abordar de la mejor manera posible retos como el aumento del alumnado inmigrante, y convertir esta situación en una oportunidad de enriquecimiento. Su presencia dentro de los Departamentos de Orientación resultaría también de gran utilidad.
  • Profundizar en los mecanismos de evaluación del sistema educativo. En la LOCE se habla de evaluación voluntaria del profesorado, debemos apostar por la evaluación de toda la comunidad educativa de manera obligatoria y participada por todos sus miembros. Hay que crear hábitos de evaluación externa e interna y potenciar la inspección dentro de este punto.

Funcionamiento y financiación
  • Abordar la organización y coordinación del sistema educativo en todo el Estado. Se debe definir el papel y el funcionamiento de organismos como la Conferencia Sectorial y el Consejo Escolar del Estado, garantizando en todo momento la participación de los representantes de toda la comunidad educativa y, desde un punto de vista estatal, profundizando en aquellas cuestiones que todavía forman parte de las competencias del Ministerio de Educación y que consideramos de vital importancia, como es el ejemplo de la Alta Inspección.
  • Eliminar cualquier tipo de discriminación en la admisión del alumnado, especialmente por razones de sexo u orientación sexual, dado que no aparecen explícitamente en el texto de la LOCE.
  • Habilitar la apertura de los centros educativos en horarios no lectivos para su interrelación con el entorno social y comunitario en el que se encuentren.
  • Incrementar las cuantías destinadas a becas y revisar las condiciones académicas y económicas para su concesión, evitando las situaciones de desigualdad y reforzando su espíritu para remover los obstáculos de orden socioeconómico en el acceso a la educación. Se debe tender a la personalización de las becas, tanto en su estudio administrativo como de su tratamiento posterior, y apostar por una mayor flexibilización administrativa que conlleve una mayor rapidez en la concesión y concreción de las mismas.
  • Articular una propuesta de plan de financiación. Supondría un aumento progresivo de gasto público en educación que permita situar la inversión en torno al 6% del PIB y conseguir así converger con los países más avanzados de Europa en este sentido. El traspaso de competencias no conlleva la desaparición de importantes responsabilidades por parte del Ministerio de Educación. El Ministerio no puede limitarse a proponer reformas sobre aspectos básicos de la educación sin tener en cuenta la financiación, bien sea directamente a través de sus presupuestos o mediante una labor de coordinación y consenso con las CCAA. Cualquier reforma educativa que no cuente con un refuerzo económico considerable nacerá muerta y perpetuará gran parte de las deficiencias con las que nos encontramos en la actualidad.

Participación

  • Reforzar el papel de los Consejos Escolares como verdaderos y máximos órganos de gobierno de los centros y no como meros órganos consultivos.
  • Volver a dotar al Consejo Escolar de Centro de la capacidad de elección del director. La manera de reforzar el papel de la dirección debería pasar por realizar esfuerzos en la mejora del reconocimiento público, por profundizar en la autonomía organizativa y por la búsqueda de incentivos económicos, no por el recorte de los espacios de participación existentes.
  • Exigir la paridad de padres y madres, docentes y estudiantes en los Consejos Escolares a todos los niveles. Actualmente, un exceso de representación del profesorado, en unos casos, y el gran número de consejeros nombrados por la Administración, en otros, desvirtúan en gran medida el papel de estos vitales organismos.
  • Desarrollar campañas de participación e información para las elecciones a los Consejos Escolares de centro, ya sean realizadas por parte de la Administración directamente o por parte de las organizaciones estudiantiles, a las que se deberá dotar de los recursos necesarios para tal fin. Sería conveniente también hacer coincidir los procesos electorales de toda la comunidad educativa.
  • Reclamar la presencia de representantes de las asociaciones de estudiantes de centro como tales en los Consejos Escolares, al igual que existen de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas.
  • Equiparar la estructura y funciones de los Consejos Escolares de los centros concertadoscon los de los centros públicos, al entender la participación en estos Consejos como un factor de calidad del que no deben ser privados los centros mencionados.
  • Aumentar las funciones de los Consejos Escolares de centro, proponemos que éstos tengan mayor capacidad de decisión a la hora de elegir los textos utilizados para cada una de las materias, en el diseño de los planes de estudio y en cuestiones económicas.
  • Hacer esfuerzos en la mejora de la información y el refuerzo del papel de los delegados y las delegadas, al igual que en el reconocimiento y generalización de las Asociaciones y Juntas de Delegados.
  • Instar a las Administraciones, una vez detectada la falta de información y formación como uno de los mayores problemas en el desarrollo efectivo de la participación estudiantil, a la búsqueda de fórmulas que incluyan en el currículo, con un mayor peso específico, las cuestiones directamente relacionadas con esta participación.
  • Revisar los procedimientos sancionadores para el alumnado, que permitan avanzar en la justicia de los mismos; así como de otros mecanismos sobre el tema dispuestos en la correspondiente normativa.
  • Reivindicar el derecho a huelga y su regulación, al igual que la posibilidad de reunión en horario lectivo para todos los y las estudiantes.
  • Exigir por parte de todas las Administraciones, el apoyo y reconocimiento de las organizaciones estudiantiles de todo el Estado y a todos los niveles. Constitucionalmente se reconoce este apoyo que, desgraciadamente, en la actualidad se nos presenta muy lejos de estar a la altura que consideramos necesaria, además de presentar una gran disparidad entre unas regiones y otras.



FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA

  • Avanzar en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones como sistema capaz de conseguir el tratamiento global, coordinado y óptimo de las necesidades de cualificación y formación profesional de las personas, de las empresas y las organizaciones.
  • Desarrollar y consolidar la formación en centros de trabajo de tal manera que se complete la formación adquirida en el centro educativo, se adquiera la competencia profesional de cada título y una madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y se adquiera el conocimiento de la organización productiva y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción laboral.
  • Contar con los agentes sociales en la creación de los Centros Integrados de Formación Profesional y de la red de Centros de referencia nacional,incidiendo en la clara inclusión de la formación continua dentro de las acciones formativas que se deben desarrollar en los primeros.
  • Tomar el mercado de trabajo como elemento de referencia en la configuración de los programas de formación profesional reglada, profundizándose en las relaciones centro educativo-estudiante-empresa.
  • Aumentar los esfuerzos por mejorar la imagen de la Formación Profesional por parte de las Administraciones en colaboración con las organizaciones sociales y, especialmente, el mundo de la empresa.
  • Reconsiderar los nuevos objetivos que conlleva la idea de aprendizaje a lo largo de la vida —aprender a aprender, educación cívica, nuevas tecnologías— y en el contexto de la ciudadanía activa, la educación en actitudes y valores, con especial atención al desarrollo de competencias clave, como elementos esenciales del proceso formativo.
  • Generalizar el acceso a la información y desarrollar y profundizar los mecanismos de orientación profesional, que permitan disponer en todos los centros formativos de departamentos de orientación. Orientación en la que debe incluirse de manera más relevante todo lo referente a la dimensión europea y a la movilidad de jóvenes estudiantes y jóvenes trabajadores y trabajadoras.
  • Apostar, contando con las redes de información existentes, por la creación de Observatorios de Buenas Prácticas que tengan igualmente como referente esencial el ámbito europeo en materia de Formación Profesional.


UNIVERSIDAD



Acceso a la Universidad

  • Reclamar a las universidades la flexibilidad y los recursos suficientes para adaptar el número de plazas ofertadas de los diferentes estudios a la demanda social y de los propios y las propias estudiantes. Resulta absurda la situación actual en la que estudios con una demanda muy elevada del mercado laboral no ofrecen un número de plazas adecuado y que además puedan establecer pruebas de acceso sumamente restringidas.
  • Instar al desarrollo de mecanismos de inspección eficaces que garanticen la nivelación de la Educación Secundaria y que hagan innecesaria cualquier tipo de prueba que haga recaer sólo sobre los y las estudiantes la evaluación de nuestro sistema educativo y que garanticen la igualdad de oportunidades en función del expediente.
  • Asegurar que en ningún caso la falta de recursos económicos dificulte el acceso de los y las estudiantes a cualquiera de los estudios ofrecidos en las universidades españolas, y hacer una realidad efectiva y no segregadora el Distrito Único Universitario.
  • Suprimir cualquier tipo de prueba selectiva y, en todo caso, articular mecanismos de distribución para los que no habrá límite de convocatorias y se podrá presentar para mejorar la calificación indefinidamente. El número de especialidades se aumentaría de forma consensuada entre todos los sectores afectados.
  • Paliar el fracaso escolar en los primeros cursos de las carreras universitarias, provocado en parte porque el o la estudiante tiene que conformarse con carreras que no se encontraban entre sus prioridades. La primera opción elegida podría tener algún tipo de bonificación a la hora de asignar estudios.
  • Asegurar que el acceso para los y las mayores de 25 años sea libre para todas aquellas carreras en las que haya plazas, siempre y cuando hayan realizado el bachillerato o nivel similar de anteriores sistemas educativos. No obstante, se podría establecer una prueba de nivelación para los y las mayores de 25 años que no estén en el apartado anterior. Apostar por el acceso libre desde la Formación Profesional, en el caso de carreras afines a la especialidad cursada.
  • Garantizar al menos un 20% de las plazas para el acceso por las dos anteriores vías y en caso de haber mayor demanda que oferta remitir a un examen estatal para los mayores de 25 años (específico) y al expediente académico para los y las estudiantes de Formación Profesional.
  • Asegurar las siguientes medidas que faciliten el acceso a la Universidad para la juventud sorda: puesta en marcha de servicios específicos de atención a estudiantes de universidad sordos y sordas; incorporar todas las adaptaciones precisas para las pruebas de acceso; garantizar el cumplimiento del cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad; facilitar el acceso a la Formación Académica mediante la adaptación de los recursos materiales para el alumnado Sordo (ayudas técnicas, materiales didácticos…); promover medidas de información y sensibilización tanto del profesorado como del alumnado con relación al alumnado sordo; facilitar el reciclaje profesional de los recursos humanos vinculados al alumnado sordo (p.e., intérpretes de lenguaje de signos español, profesorado…). Los planes de formación de las Escuelas Universitarias del Profesorado y de los diferentes estudios universitarios relacionados con la educación del alumnado sordo, deberían contemplar el conocimiento de la lengua de signos y de la psico-sociología de las personas sordas.


Calidad docente y profesorado

  • Establecer, junto con las universidades, mecanismos de evaluación docente en los que los y las estudiantes tienen que participar.
  • Habilitar mecanismos específicos de formación pedagógica. Consideramos que en la Universidad española hay grandes investigadoras e investigadores en las distintas disciplinas del saber, que en muchos casos carecen de la formación necesaria para poder transmitir sus conocimientos adecuadamente.
  • Hacer especial hincapié en la evaluación de la calidad docente por parte de la Agencia de Evaluación, más allá de los rendimientos de las distintas universidades basados en criterios competitivos.
  • Corregir la tendencia endogámica en la que se encuentra inmersa la Universidad. Es evidente que en la Universidad tienen que estar los y las mejores docentes y personal investigador, garantizando por ley que todas las personas con un currículo adecuado puedan competir en igualdad de condiciones. Para ello proponemos que la propia Agencia de Evaluación, en la que deben participar necesariamente miembros de las distintas universidades y en la que deben estar representados todos los sectores de la comunidad educativa, sea quien acredite, de la forma que se establezca, los méritos docentes e investigadores.
  • Definir alguna figura en la que tengan cabida doctores, doctoras, doctorandos y doctorandas que sin estar ahora retribuidos adecuadamente (becas en condiciones muy precarias), tienen un peso específico importante en el día a día universitario, llevan el peso de investigaciones y en muchos casos participan activamente en la docencia.


Financiación

  • Promover una ley de financiación que garantice la equiparación del gasto por estudiante a los niveles medios de la Unión Europea, que haga del Distrito Único Universitario una realidad como elemento integrador y asegure unos niveles óptimos de calidad en la Universidad pública.
  • Establecer un sistema de tasas variables en función de la renta que favorezca especialmente a las más bajas y suprimir las diferencias existentes entre las tasas de unas titulaciones u otras en función del grado de experimentalidad.
  • Desarrollar una política de becas que asegure una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios y fomente las posibilidades de movilidad a través de las siguientes líneas: becas de ayuda al estudio, becas de movilidad dentro del distrito único y becas de movilidad europea.


Órganos de gobierno y participación

  • Compatibilizar la eficiencia de la estructura de la Universidad con la autonomía de la misma, desde principios democráticos. Entendemos que todos los órganos colegiados con poder de decisión deben ser paritarios y que los miembros de éstos deben ser elegidos democráticamente y nunca designados, como único modo de que las decisiones sean realmente participativas. En este sentido, tenemos que considerar los siguientes órganos de gobierno y representación:
  • El Consejo Socialcomo órgano de participación de la sociedad en la Universidad. Corresponde al Consejo Social la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Claustro y, en general, la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios. Le corresponde igualmente, promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad y canalizar, respetando la autonomía universitaria, las investigaciones que en la Universidad se realicen hacia la sociedad.
  • El Consejo de Gobierno debe seguir siendo el órgano ordinario de gobierno de la Universidad, debe tener una estabilidad, y su composición debe ser paritaria. Sus miembros además del Rector, que presidirá el Consejo, Vicerrectores y Vicerrectoras y Gerente se elegirán entre los miembros del Claustro. Es un órgano que debe apostar por la menor extensión que permita la representación de todos los sectores.
  • Los claustros universitarios, como máximo órgano representativo de la comunidad universitaria, no sólo deben participar en la elaboración de los estatutos, la elección del Rector o Rectora y la aprobación de las líneas generales de actuación de la Universidad. Debe participar en la elección de parte del Consejo de Gobierno, en los procesos de selección del profesorado, e intervenir no sólo en las líneas generales de la Universidad, sino también intervenir en actuaciones particulares mediante la creación de comisiones. Asimismo, debe refrendar el nombramiento de Vicerrectores y Vicerrectoras y Secretario o Secretaria general a propuesta del Rector o Rectora y de cualquier otro órgano unipersonal que los estatutos recojan.
  • En las Escuelas y Facultades, las Juntas de Escuela y Facultad serán órganos análogos al Claustro tanto en su composición, también paritaria, como en sus funciones pero en su ámbito. Siguen teniendo el máximo poder de decisión en los centros.
  • Desde la implantación de la LRU, la Universidad, ha establecido una organización basada en las distintas disciplinas académicas y cuya unidad básica de docencia e investigación es el Departamento. Los procesos académicos, en cambio, deben ir más allá de un único ámbito disciplinar y requieren coordinación de las distintas unidades.
  • Promover la participación de los y las estudiantes en la Universidad, como entidades transmisoras del conocimiento que deben trasladar la cultura de la participación democrática a la sociedad, a través del asociacionismo y la vertebración del mismo en los diferentes territorios y en el ámbito estatal. Igualmente, apostar por la creación de un Estatuto del Estudiante que regule sus derechos y deberes y que al menos recoja aspectos como:
  • El derecho a utilizar todos los recursos que la universidad posea, y el derecho a recibir una docencia acorde con las nuevas tecnologías.
  • Que garantice la incorporación al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior, recogiendo derechos como el de cursar créditos en países de la Unión Europea.
  • Que regule el derecho a asociarse dentro de la universidad —no que lo reconozca, ya que si no lo hiciese sería anticonstitucional, si no que lo regule— y que regule la existencia de Delegaciones de Alumnos y Alumnas en las universidades públicas y privadas.
  • En el que se recojan derechos y garantías que afectan a becarios, becarias y ayudantes que como estudiantes desempeñan en muchos casos labores que corresponden a docentes.