Educación formal

¿Cómo está el tema sobre educación formal?

¿Cómo está el tema sobre educación formal?

Educación y sociedad


Previo a entrar en el análisis del sistema educativo, los problemas y las alternativas, es importante reflexionar sobre la trascendencia social de la educación. La educación es uno de los medios más poderosos a través del cual lograr una igualdad de oportunidades que permita avanzar hacia una igualdad social, hacia una sociedad más justa y democrática. Así, la política educativa es básica para la redistribución y la compensación de las desigualdades, y debe ser prioridad de cualquier gobierno que persiga estos objetivos.


Una de las funciones de la educación es la formación de los y las jóvenes para que posteriormente puedan incorporarse al mercado de trabajo. En este sentido, se observa cómo gran parte del sistema educativo está orientado a la capacitación y socialización para el empleo. Esta excesiva correlación entre sistema educativo y mercado laboral hace que en muchos casos el sistema educativo no responda a otra de sus funciones, como es la de garantizar el crecimiento integral y desarrollo de las capacidades y potencialidades de toda persona, independientemente de su condición social, económica o cultural.

¿Para qué se debería enseñar entonces en la escuela? Seguramente para construir una sociedad democrática activa donde la ciudadanía sea capaz de vivir con responsabilidad y armonía gracias a su participación en ella como sujeto activo. Así, podemos ir buscando el resto de las funciones sociales que debe suponer la educación en nuestra sociedad, ya que hablar de educación es hablar de sociedad y viceversa, y en esta interrelación es donde está el equilibrio. En este sentido, la escuela debe también responder a una sociedad en transformación que afronta nuevas situaciones y nuevos retos, a saber: la generalización de las nuevas tecnologías, la sociedad del conocimiento, la importancia creciente del marco europeo, la interculturalidad… La sociedad y sus ciudadanos y ciudadanas deben acercarse a la escuela como la escuela lo hace con la sociedad, esto significará tener un escuela abierta y receptiva con las demandas sociales. El centro educativo, como la propia comunidad educativa, debe relacionarse con su entorno, con otros centros y debe ser permeable a las apuestas y sugerencias que vengan de fuera para así evitar el estancamiento e, igualmente, cualquier reforma del propio sistema educativo requiere necesariamente de la participación del conjunto de la sociedad.

 

Participación


La participación social es un valor en sí misma, es una condición imprescindible para la transformación social y es una forma de legitimar la democracia. En el ámbito educativo podemos definir tres contextos: el contexto político de gobierno de los centros, el contexto académico y el contexto comunitario-extraescolar. El modelo de participación estudiantil busca que el alumnado se implique más en el proceso de su propia formación, que asuma responsabilidades y que aprenda a tomar decisiones, y estos aspectos están muy relacionados entre sí.


No podemos olvidar que el proceso de implantación de sistemas participativos es en sí mismo un proceso de innovación educativa, con todo lo que ello conlleva. Es de vital importancia que tengamos en cuenta y hagamos ver a la sociedad el valor educativo de la participación. La participación es un proceso de aprendizaje, un medio de formación, no sólo de gestión. La participación mejora la calidad de las decisiones y la satisfacción del alumnado y reduce la resistencia al cambio y el absentismo. Una escuela de calidad tiene que incluir imprescindiblemente a la participación educativa como uno de sus pilares fundamentales. La participación del alumnado es un proceso en el que se promueven valores, se desarrollan actitudes, se regulan procedimientos y se aprenden estrategias y aptitudes. Para que estos procesos tengan lugar, es necesario que se faciliten desde los espacios educativos. Una regulación de la participación no asegura que ésta se dé, pero es necesario encauzarla. Hay que tender a compatibilizar los procesos espontáneos con los que tienen un funcionamiento regulado.

Igualmente, la apuesta que desde el Consejo de la Juventud de España hacemos pasa por la promoción y la articulación del propio asociacionismo estudiantil como eje esencial de esta participación. En un contexto global, el movimiento estudiantil ha desempeñado un papel histórico y social de gran relevancia; en muchas ocasiones ha sido vanguardia de progreso y promotor de derechos civiles. Lo ha sido en momentos de falta de democracia y de represión, pero también debe serlo en la actualidad, afrontando los nuevos retos que se nos presentan. Los procesos de globalización en todas sus vertientes requieren de la participación de la sociedad civil, y la educación no está exenta de estos procesos ni los y las jóvenes estudiantes pueden eludir su responsabilidad.

En este sentido, el proceso de integración europea está determinando ya el desarrollo de numerosas políticas. Nosotros y nosotras apostamos por una verdadera Europa de los Ciudadanos en la que la educación, como elemento integrador y factor de progreso, tenga un papel imprescindible, y conserve en todo momento la heterogeneidad y riqueza de nuestras culturas.



Antecedentes


En lo referente a las Enseñanzas Medias, aunque se ha avanzado de manera vertiginosa, no han sido muchas las leyes de especial relevancia. Partiendo de una situación de casi vacío legal, se aprueba en 1970 la LGE (Ley General de Educación), que por primera vez estructura de forma global nuestro sistema educativo. Ya en período constitucional y como desarrollo de la misma, se aprueba a principios de los ochenta la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que, como aspecto fundamental regula la participación de los distintos sectores en el sistema educativo. En la siguiente década entraron en vigor numerosas leyes de importancia, entre las que destaca con mucha diferencia la Ley Orgánica General del Derecho Educativo (LOGSE), que es la norma actualmente vigente. La LOGSE, además de regular una nueva estructura del sistema educativo, introduce innovaciones muy notables como la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años. Conviene señalar también que en la Ley subyacen aspectos pedagógicos de crucial relevancia como la comprensividad, así como otras cuestiones y metodologías innovadoras: atención a la diversidad, necesidades educativas especiales, áreas transversales, desarrollo integral de la persona…

Ya a finales de 2002 se aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Sin derogar completamente ninguna de las leyes orgánicas anteriores, introduce una serie de modificaciones significativas en la estructura y en la propia filosofía del sistema educativo como son: la creación de diferentes itinerarios en el segundo ciclo de la ESO, la designación del director por parte de la Administración, la eliminación de la promoción automática en la ESO y el establecimiento de la Prueba General de Bachillerato (PGB), como aspectos más relevantes. En esta Ley se consagra igualmente «la cultura del esfuerzo» del alumnado frente a la «comprensividad» de etapas anteriores. También en 2002 se aprueba la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional (LOCFP).

Con respecto a la Universidad, en 2001 se aprueba la Ley Orgánica de Universidades, que viene a derogar la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983. Esta Ley establece nuevos órganos de gobierno para las Universidades y cambia la denominación, composición y funciones de algunos de los existentes. Se tiende a un modelo de gobierno unipersonal frente al colegiado y se reducen competencias de los órganos colegiados, así como la participación de algunos de los estamentos. Establece un nuevo sistema para la elección del Rector que pasa de ser elegido por el Claustro de la Universidad a ser elegido por sufragio universal ponderado. La Ley crea nuevas categorías de profesorado y nueva forma de acceso a una plaza de funcionario, mediante una prueba de habilitación de carácter estatal. Se amplía la proporción de profesorado contratado hasta un 49%. Se crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación. Cabe destacar que en el proceso de aprobación de esta Ley se produjeron las mayores movilizaciones estudiantiles de nuestra democracia y el rechazo conjunto de la Comunidad Educativa ante la falta de participación en el desarrollo de la Ley y por ende, la inexistencia del necesario debate social.




Dimensión europea


En Lisboa, el Consejo Europeo diseñó una estrategia para el cambio en la Unión Europea que convertiría a la UE en el 2010 en: la economía más competitiva y basada en el conocimiento dinámico del mundo; capaz de un crecimiento sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social. Para conseguir esto, la Comisión Europea ha fijado diez áreas prioritarias en las que concentrará sus esfuerzos (personales y económicos).

Lamentablemente, la educación no está contemplada entre estas prioridades como tal, sino que se encuentra implícita en algunos de estos puntos, especialmente en el aprendizaje durante toda la vida (lifelong learning) y en el aprendizaje de las nuevas tecnologías (elearning), y siempre bajo una perspectiva de incremento de los beneficios económicos.

Una de las primeras recomendaciones que se hace desde la Comisión Europea a los gobiernos nacionales (y a sí misma también) es el incremento del gasto en educación y en Skills (conocimientos en sentido práctico), para mejorar la calidad de los empleos que se prevé crear. Existe igualmente una Recomendación sobre Movilidad que supone un paso muy importante y necesario hacia la movilidad real y efectiva en la educación, pero que carece de sentido sin el apoyo efectivo de los Estados miembros. Los gobiernos nacionales deben, primero, asegurar una igualdad de oportunidades para estudiar, dentro y fuera de su país, y tras esto, la recomendación de la Comisión comenzaría a tener un sentido real.

Especial importancia merece el concepto de aprendizaje permanente. Este concepto comprende las ideas de educación formal, no-formal e informal, y su promoción en todos los ámbitos y durante toda la vida de cada persona. Pese a que esta idea surge en los años sesenta, es ahora cuando está teniendo verdadera repercusión en las instituciones europeas, y ha llegado a convertirse en uno de los ejes temáticos de la DG Educación y Cultura. No mencionar este punto en su más amplio sentido en cualquier regulación de nuestro sistema educativo rompe con las ideas de la Comisión Europea expuestas en su Memorándum sobre Aprendizaje Permanente de 2001 y nos aleja de la convergencia real con Europa en esta materia.

Por último, con relación al ámbito universitario, existe igualmente un marco de actuación europeo que está ya influyendo notablemente en el desarrollo normativo. La Declaración de Boloniasienta las bases para la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior, organizado conforme a ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad, competitividad) y orientado hacia la consecución entre otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. Son seis los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia:

  • La adopción de un sistema fácilmente inteligible y comparable de titulaciones, mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al Diploma.
  • La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales.
  • El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS (European Credit Transfer System, propuesta para un crédito europeo común).
  • La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables.
  • La promoción de una necesaria dimensión europea en la educación superior, con particular énfasis en el desarrollo curricular.
  • La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre de la enseñanza y el aprendizaje por los y las estudiantes, profesores, profesoras y personal administrativo de las universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea.