Editorial: Lograr una política de juventud global encaminada a conseguir la integración socioeconómica, propiciar la participación y mejorar la calidad de los y las jóvenes han sido, sin lugar a dudas, la razón de ser del Consejo de la Juventud de España desde su creación en 1984.
El Concepto de Política de Juventud ha de entenderse como una acción coordinada de las diferentes Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias, con los representantes de los y las jóvenes, implicando también a los agentes económicos y sociales que, desde la sociedad civil, desarrollan iniciativas que afectan al colectivo juvenil. Garantizar la coordinación interministerial e interterritorial, es necesario pero no suficiente. Es imprescindible la participación de los interlocutores y agentes sociales, favoreciendo particularmente el protagonismo del movimiento asociativo juvenil, a través de sus estructuras de representación (Consejo de la Juventud de España, Consejos autonómicos, Consejos locales...), implicándoles en el desarrollo de las Políticas Integrales de Juventud, no sólo a nivel de consulta en su ejecución y evaluación.
En este sentido, la Comisión Europea ha puesto en marcha la elaboración de un Libro Blanco sobre la Política de Juventud que se presentará durante el primer semestre del 2001. Para su preparación se han organizado diferentes encuentros nacionales de los países miembro con jóvenes cuyo objetivo es recoger sus aspiraciones, reivindicaciones y opiniones en términos de acciones políticas.
Para lograr la efectividad de este tipo de iniciativas, tanto en el ámbito europeo como nacional, es necesario que se facilite una cogestión real de los recursos y las medidas políticas que afectan a la juventud. Contar con los y las jóvenes significa tener una mayor certeza sobre sus necesidades. Ahora bien, contar con el colectivo joven no como población objeto-beneficiaria, sino como sujeto protagonista de su propio desarrollo. Esto supone revisar los postulados que han definido hasta el momento los planes de juventud y situar en el centro a los y las jóvenes como promotores y agentes de las Políticas Integrales de Juventud, particularmente en los aspectos relacionados con su gestión y con su papel de interlocutores ante las diferentes administraciones públicas y agentes sociales que intervienen. Y éste es sin duda un compromiso que el nuevo gobierno debe asumir como prioridad si de verdad pretende solucionar los principales problemas que tiene la juventud de hoy en día. Para ello, las Políticas Integrales de Juventud deben ocupar en la agenda política del nuevo ejecutivo un espacio propio y prioritario.